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El Ministerio de Derechos Sociales pagó 45.905 euros por un informe sobre derechos sexuales de personas con discapacidad que no ha sido descargado. Publicado el 4 de septiembre en el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (Cedid), acumula cero descargas y unas diez visualizaciones. El estudio, elaborado por Cocemfe, denuncia barreras estructurales que limitan el acceso a información y servicios de salud accesibles. Incluye testimonios de personas con discapacidad como Rosa, Arturo y María, que relatan experiencias de discriminación y falta de recursos adecuados. Cocemfe reclama políticas públicas específicas y formación para profesionales. El ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy, también gastó 78.000 euros en material promocional para la Agenda 2030, incluyendo pines, bolsas y botellas reutilizables con el logotipo oficial. Este gasto no incluye indicadores de impacto ni mecanismos de evaluación. El conocimiento ciudadano sobre los ODS permanece estancado según el CIS.
En el tercer trimestre de 2025, España registró 2.613.200 personas desempleadas, una tasa de paro del 10,45%, según la EPA. El SEPE contabilizó 2.443.766 parados inscritos en octubre de 2025, la cifra más baja para ese mes desde 2007. La ocupación alcanzó un máximo histórico con 22.387.100 personas trabajando. El gasto mensual en prestaciones por desempleo alcanzó 2.109 millones de euros en agosto de 2025, con una prestación media de 1.372 euros, un incremento del 24,2% interanual. La tasa de cobertura subió al 82,5%, el nivel más alto desde que existen registros comparables. En 2025, se espera que el gasto en prestaciones por desempleo alcance entre 24.700 y 25.000 millones de euros, consolidando la etapa de mayor gasto estructural desde que existen registros. Esto se debe a tres razones principales: la subida de las bases reguladoras de las prestaciones, la expansión de la cobertura y la estructura del empleo, con un aumento de trabajadores fijos discontinuos. La pandemia ha amplificado estas dinámicas, dejando el sistema de protección al desempleo en una franja de gasto mucho más alta que antes.
El Gobierno ha trasladado solo 38 menores inmigrantes desde Canarias en tres meses desde la modificación de la ley de extranjería. Canarias tutela a 1.700 jóvenes, superando la capacidad de acogida. El ministro Ángel Víctor Torres criticó la lentitud del Ejecutivo canario, que ha enviado 449 expedientes de los 2.826 menores en situación de contingencia migratoria. El Gobierno debe informar a Canarias dónde enviar a los menores y hablar con comunidades autónomas para establecer cupos de acogida. La ley ha establecido un proceso que se retrasa por errores burocráticos y negativa de regiones a aceptar a los jóvenes. El Tribunal Supremo ordenó al Gobierno hacerse cargo de menores con protección internacional. El Estado ha asumido la tutela de la mayoría de estos jóvenes, quedando 70 casos pendientes. La red de protección internacional para menores es insuficiente y no cumple con los requisitos mínimos. Llegan nuevos menores migrantes a las islas, con 200 llegadas desde la aprobación de la norma, de los que solo 41 han sido trasladados.
La Asociación Internacional de Investigación en Criptología (IACR) anuló sus elecciones internas debido a la pérdida de la clave de descifrado por parte de uno de sus responsables. La IACR, fundada en 1982, utiliza el sistema de votación electrónica Helios, que requiere tres fiduciarios con partes de la clave para descifrar los resultados. El incidente ocurrió durante las elecciones a tres cargos de director y cuatro de oficial, iniciadas el 17 de octubre y cerradas el 16 de noviembre. La asociación describió el incidente como un 'error humano honesto pero desafortunado' y decidió repetir las elecciones, que permanecerán abiertas hasta el 20 de diciembre. Para evitar futuros incidentes, la IACR implantará un nuevo sistema de gestión de claves con umbral '2 de 3' y un protocolo escrito para los futuros responsables del proceso. El criptógrafo Bruce Schneier destacó que los fallos en criptografía suelen deberse más a errores humanos que a problemas técnicos. La IACR reúne a miles de investigadores dedicados al estudio de la criptología y su objetivo es promover la investigación y el desarrollo de sistemas seguros.
Steve Thomson, albañil británico, ganó 123 millones de euros en Euromillones en 2019. Tras su victoria, invirtió gran parte del premio en una organización benéfica en Chichester para jóvenes adultos con discapacidad. El centro, operado por Together Our Community (TOC), ofrece formación y oportunidades para vivir, aprender y trabajar. Cuenta con tres plantas, sala de entrenamiento, sala sensorial, aula diáfana y cafetería llamada Boardwalk Cafe. Thomson fue criado para respetar y ayudar a personas con discapacidad, influenciado por su padre Peter, quien enseñaba a nadar a niños discapacitados. El millonario identificó la falta de recursos para jóvenes con autismo y otras dificultades de aprendizaje en la zona. Durante el confinamiento, ayudó a TOC comprando un minibús para prácticas y excursiones. Posteriormente, adquirió un edificio para establecer un centro permanente. El centro ofrece formación en cocina y hostelería, y brinda oportunidades para que los jóvenes desarrollen habilidades y hagan amigos. Thomson planea invitar a su padre de 76 años al Boardwalk Café, orgulloso de haber marcado la diferencia.
Un equipo científico liderado por el Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) ha descubierto una nueva ruta de entrada de mercurio en el Mar Menor, Región de Murcia. La descarga subterránea de agua aporta alrededor de 1 kilo de mercurio al año, equivalente a la cantidad que llega desde la atmósfera y 70 veces superior a la que aporta el río Albujón. El mercurio descargado es principalmente 'mercurio heredado', residuos acumulados durante décadas por la actividad minera y agrícola de la zona. Al llegar a la zona costera, se crean condiciones para la formación de metilmercurio, la forma más tóxica de este metal. Aunque los niveles actuales de mercurio en el agua no son preocupantes, el equipo advierte que el proceso podría intensificarse con el aumento de la temperatura y la desoxigenación del agua asociados al cambio climático, lo que podría aumentar este contaminante en las redes tróficas. El estudio, publicado en Environmental Science & Technology, subraya que este fenómeno ocurre en numerosos ecosistemas costeros de todo el mundo, lo que podría tener implicaciones globales para la gestión ambiental y la seguridad alimentaria.
La inmigración irregular en Ceuta y Melilla ha adoptado una nueva modalidad: el parapente. Entre enero y octubre de 2025, 3.380 personas llegaron irregularmente a estas ciudades, un 42.8% más que en 2024. Ceuta registró 3.101 llegadas (35.9% más), mientras que Melilla tuvo 279 (224% más). La Guardia Civil enfrenta dificultades para detectar estas llegadas debido a la elección de puntos de aterrizaje de difícil acceso. El uso del parapente requiere habilidad y ha generado preocupación por la seguridad. En las últimas semanas, al menos cuatro intentos han sido detectados en Ceuta, con uno resultando en la entrada exitosa de un inmigrante. Este método está resultando más peligroso que el cruce a nado, con 43 muertes en Ceuta desde comienzos de 2025. La Policía marroquí desmanteló recientemente una red criminal que organizaba estos traslados ilegales desde puntos altos de Beliones, deteniendo a cinco personas. Las autoridades advierten que sin medios adecuados para vigilar el cielo, este problema será difícil de controlar.
La Fiscalía Anticorrupción imputa a José Luis Ábalos y Koldo García un delito de uso de información privilegiada relacionado con el rescate de Air Europa con 476M€. El juez Leopoldo Puente decretó prisión provisional para ambos. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de los delitos de uso de información privilegiada (artículo 442 del Código Penal) y aprovechamiento de información privilegiada (artículo 418). Ábalos enfrenta una posible pena de 2 años de prisión y Koldo de 1 año y 6 meses. El delito implica un déficit de control que podría escalar responsabilidades hasta Pedro Sánchez. La nota de prensa favorable a Air Europa se publicó el 8 de agosto de 2020, antes de que la compañía solicitara oficialmente el rescate el 7 de septiembre. Ábalos asegura que no entiende por qué no se imputa a Air Europa ni a Jésica por presunto cohecho. La investigación apunta a un posible intercambio de favores, incluyendo un chalet vacacional en Marbella. Expertos en compliance como María de la Torre destacan que este delito señala un 'déficit de control' y conlleva inhabilitación especial para cargo público de hasta 12 años.
Aitziber Campión, concejal de Euskera en Pamplona por Bildu desde septiembre de 2025, carece de formación educativa formal. Su experiencia incluye trabajos como camarera en locales vinculados a la kale borroka. Fue responsable de organización en Sortu entre 2014 y 2019, formación política relacionada con ETA. Campión se autodenomina experta en Coaching, Mentoring y Glotodidáctica. El bar Iruñazarra S.A., donde trabajó entre 2011 y 2013, fue usado como almacén clandestino de material incendiario vinculado a la kale borroka hasta 2014, cuando cambió de propietario. La polémica se extiende a otros miembros de Bildu en el Ayuntamiento, como Endika Alonso (concejal de Seguridad Ciudadana), cuya formación se limita a un curso de Jardinería. Ambos casos generan controversia por la falta de formación específica para sus cargos. El 8 de noviembre de 2025, Endika Alonso mostró desconocimiento sobre el operativo en la Carpa Universitaria tras una agresión sexual.
La Audiencia Nacional absuelve a Yassine Kanjaa, autor del asesinato de un sacristán en Algeciras el 25 de enero de 2023, debido a su enfermedad mental. La sentencia ordena su internamiento en un centro psiquiátrico por un máximo de 30 años. Los magistrados apreciaron eximente completa de alteración psiquiátrica. El yihadista presentaba un cuadro de filiación esquizofrénica con descompensación psicótica aguda que anulaba sus facultades. La Fiscalía pedía hasta 50 años de cárcel por intento de asesinato y asesinato con carácter terrorista, pero la Sala de lo Penal descartó esta calificación al no apreciar una alteración grave de la paz pública ni un estado de terror en la población. La sentencia incluye indemnizaciones de 150.000 euros a la viuda del sacristán, 50.000 euros a cada uno de sus hijos y 17.000 euros a los familiares del sacerdote herido. La magistrada Carolina Rius emitió un voto particular defendiendo que el trastorno del acusado no debería impedir considerar sus actos como terrorismo, lo que permitiría a las víctimas acceder a ayudas específicas.
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Julián Serrano