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La aerolínea Plus Ultra recibió 53 millones de euros del Gobierno de España en un rescate que podría haber sido utilizado para blanquear dinero de la corrupción venezolana. La UDEF investiga la trama que involucra a sociedades pantalla en Reino Unido, Suiza y Panamá. El mecanismo consistía en que Plus Ultra recibiera préstamos de estas sociedades vinculadas al chavismo y, tras el rescate, utilizara el dinero público para devolver esos préstamos, 'limpiando' así el dinero sucio. Figuras como José Luis Ábalos y Víctor de Aldama relataron presión de Zapatero para salvar la aerolínea. El préstamo del Gobierno se estructuró en dos partes: un préstamo participativo y otro ordinario, con un total de 53 millones de euros y un plazo de devolución de 7 años, incluyendo un periodo de carencia. La empresa ya ha pagado intereses pero deberá devolver el principal en 2026. La investigación sugiere que parte del dinero se usó para pagar deudas turbias a tramas venezolanas. La empresa, que perdía dinero desde 2015, podría quebrar sin poder devolver el préstamo, dejando al Estado español como acreedor sin garantía real. El caso ha destapado una posible financiación indirecta al régimen chavista y la creación de un corredor VIP para la narcodictadura venezolana.
Leire Díez fue nombrada consejera de Cistec el 7 de julio de 2021, mismo día que SEPI adquirió el 25,5% de la empresa. Permaneció como consejera hasta mayo de 2023. Durante su mandato, Cistec recibió cuatro ayudas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 960.000 euros y cuatro millones de euros en contratos públicos. La empresa facturó alrededor de ocho millones de euros durante su período. Díez fue detenida el pasado miércoles por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. La Guardia Civil también detuvo a Vicente Fernández, ex presidente de SEPI, y Joseba Antxon Alonso, propietario de Servinabar. Las pesquisas giran en torno a contrataciones públicas y varias empresas, incluida Cistec. La facturación de Cistec bajó considerablemente en 2021 y 2022, pero tras la salida de SEPI y Díez, la empresa logró volver a la rentabilidad. En 2023, las ventas superaron los 8,4 millones de euros. Díez compaginó su trabajo en Correos con su puesto en Cistec, lo que podría ser incompatible según la Ley de Incompatibilidades. El artículo 14 de esta ley requiere el previo reconocimiento de compatibilidad para actividades fuera de las Administraciones Públicas. Correos tiene un código de conducta que no acepta conflictos de interés entre sus empleados.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está en alerta máxima tras la detención de su expresidente Vicente Fernández y registros de la UCO en sus oficinas y en cinco empresas participadas. La investigación incluye presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Empresas afectadas: Correos, Mercasa, Sepides, Enusa y Cofivacasa. El temor entre directivos es alto debido a la falta de claridad en las líneas de investigación. Bartolomé Lora, vicepresidente desde septiembre de 2017, está en el foco por su cercanía a Fernández y su rol durante cuatro administraciones. Lora fue presidente interino durante 18 meses y aprobó rescates polémicos del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Fasee) durante la pandemia. La SEPI controla rígidamente sus participadas a través de tres directores específicos. La investigación podría destapar vinculaciones en numerosas empresas dentro y fuera de la SEPI.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo el pasado jueves en Madrid a Julio Martínez Martínez, un empresario español con intereses en Venezuela, en el marco de la investigación sobre el rescate del Gobierno con 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra. Martínez forma parte de la cartera de clientes de Whathefav S.L., la agencia de comunicación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Además, administra dos sociedades con sede en la misma urbanización en la que veraneaba Zapatero. La investigación también revela que Zapatero se reunió con José Luis Ábalos para lograr el rescate a la aerolínea vinculada a Venezuela. Julio Martínez Martínez es el tercer detenido en la operación contra Plus Ultra, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, después de Julio Martínez Sola, presidente de la compañía, y Roberto Roselli, CEO de la aerolínea. Martínez Martínez habría actuado de enlace entre la compañía aérea y sus intereses con la dictadura de Nicolás Maduro. La sociedad Análisis Relevante S.L., relacionada con las hijas de Zapatero, figura en la cartera de clientes que han hecho trabajos de consultoría y diseño para Julio Martínez Martínez. Zapatero se encuentra 'nervioso' tras la detención del dueño de Plus Ultra, su amigo Julio Martínez Sola.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga el reparto de un millón de euros entre José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El dinero se usó para comprar un chalet en La Línea de la Concepción por 585.000 euros, disfrutado por Ábalos sin pagar la totalidad. Aldama recibió 292.416 euros por su intermediación, pagados por Have Got Time, la sociedad de Carmen Pano, en dos transferencias: 181.500 euros el 15 de junio de 2021 y 110.916 euros el 9 de julio de 2021. Koldo García percibió su parte mediante un contrato de trabajo con Instalibero District, vinculada a Claudio Rivas, cobrando 1.950 euros el 3 de marzo de 2022 y 5.000 euros seis días después. La Guardia Civil destaca reuniones entre Koldo García y Juan Ignacio Díaz Bidart, director de gabinete de Reyes Maroto, y Marc Pons, director de gabinete de Teresa Ribera, en fechas cercanas a la presentación de documentación por Villafuel para obtener la licencia de operador de hidrocarburos. El 21 de diciembre de 2020, Koldo García se reunió con Díaz Bidart y Aldama en el restaurante 'La Tragantía'. El Ministerio de Industria, dirigido por Maroto, no tenía competencia en el otorgamiento de autorizaciones de operador mayorista. El 8 de abril de 2021, Koldo García conversó con Marc Pons, dos días después de que Villafuel presentara documentación complementaria. La UCO encontró indicios de otra reunión entre Koldo y Pons el 8 de julio de 2021, coincidiendo con la espera de la resolución administrativa.
Investigadores de la Universidad de Malmö han desarrollado un tornillo llamado «Sound Screw» que reduce el ruido de vecinos hasta en 9 decibelios. Este tornillo está diseñado para viviendas de madera y cuenta con un muelle interno que actúa como amortiguador de ondas sonoras. Fácil de instalar sin herramientas especiales, ha sido probado en laboratorio y avalado por la Real Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería. La empresa Akoustos trabaja en su comercialización. Además de este invento, se ofrecen otras soluciones para insonorizar hogares sin grandes obras: revestir paredes con madera maciza (hasta 20 decibelios de reducción), usar láminas de corcho (hasta 35 decibelios), pinturas de microesferas, alfombras gruesas y estanterías de suelo a techo. Estas opciones son económicas y decorativas, mejorando el aislamiento acústico sin necesidad de reformas estructurales mayores.
Especialistas de A Mariña Camariñas recomiendan reproducir la salinidad marina exacta para limpiar almejas sin alterar su sabor. El método consiste en dos inmersiones en agua con 35g de sal por litro. Primero 30 minutos, luego dos horas tras renovar la solución. Se eliminan así las almejas en mal estado y se logra una purga total sin usar vinagre ni limón. Este proceso, avalado por un restaurante con historia desde 1800 en Camariñas (La Coruña), garantiza la limpieza perfecta de los moluscos manteniendo su esencia marina. La proporción de sal es crucial para imitar el hábitat natural y evitar métodos agresivos o insuficientes. El procedimiento descarta almejas que flotan, están rotas o se abren antes de cocinarse. La técnica profesional asegura una limpieza uniforme y sin restos de arena incrustada. El resultado final son almejas limpias y con sabor puro, listas para cocinarse.
La guerra en Ucrania ha evolucionado hacia un conflicto de desgaste donde la tecnología militar y el ingenio se entrelazan. Ucrania utiliza drones con altavoces que simulan sonidos de vehículos militares o gritos de auxilio en ruso para engañar a las tropas rusas y hacerles malgastar recursos. El comandante en jefe ucraniano, Oleksandr Syrskyi, destaca la importancia de maximizar las pérdidas rusas minimizando las propias. Se emplean drones equipados con IA y robots terrestres armados para misiones letales. El uso de drones FPV se ha visto afectado por condiciones climáticas adversas, pero se han integrado con robots terrestres para mantener su eficacia. La industria ucraniana ha acelerado el desarrollo de drones con capacidades avanzadas de navegación y visión artificial. El conflicto se ha convertido en un laboratorio para futuras guerras, donde la tecnología y la doctrina evolucionan continuamente. Ucrania ha reportado éxitos con el uso de robots terrestres armados como el Droid TW 12.7, equipado con una ametralladora M2 Browning, en misiones de emboscada.
Indra ha entregado 38 correos electrónicos al juez Juan Carlos Peinado relacionados con Cristina Álvarez, asesora de Moncloa investigada en el caso Begoña Gómez. La compañía invirtió 120.000 euros en el software de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno. Los correos corresponden a comunicaciones con dos cuentas de correo de la asesora en las que figura como emisora, destinataria o en copia. Indra no almacena información relacionada con teléfonos asociados a Álvarez ni mensajes de WhatsApp u otras aplicaciones de uso no profesional. El juez Peinado solicitó todas las comunicaciones desde julio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno. La investigación busca esclarecer si la asesora cometió delito con trabajos personales para Begoña Gómez, especialmente en gestiones del software vinculado a la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid. El juez ha dado traslado a la Guardia Civil para analizar los correos tras expurgar los de índole personal. Además, el juez ha requerido nuevamente a Amazon para que aporte información sobre los dominios relacionados con la cátedra TSC. El juez cita como testigos para el 22 de diciembre a Héctor Flórez Crespo, Juan Pedro Gravel García y Carmen Sánchez Tenorio, altos cargos de Deloitte, que colaboró en el desarrollo del software de la cátedra.
Investigadores chinos de Jiangnan University han utilizado CRISPR para optimizar Fusarium venenatum, un hongo comestible usado en productos como Quorn. Al editar dos genes, lograron una cepa llamada FCPD que produce un 88% más de proteína consumiendo un 44% menos de nutrientes. La modificación reduce la quitina en las paredes celulares, facilitando la digestión humana y mejorando la textura, que se asemeja a la de la pechuga de pollo. El hongo resultante tiene un contenido graso ligeramente mayor, lo que suaviza la textura y elimina el toque 'esponjoso' típico de algunas micoproteínas. El estudio comparativo mostró que la producción de FCPD reduce un 70% el uso de tierra y un 78% el riesgo de contaminación de agua dulce en comparación con la producción de pollo en China. Aunque la percepción pública sobre productos modificados genéticamente sigue siendo un desafío, regulaciones como la de EE.UU. en 2016, que permitió comercializar setas editadas con CRISPR sin revisión adicional, podrían facilitar su aceptación. La optimización con CRISPR ofrece un camino realista para ampliar la oferta de proteínas sostenibles, contribuyendo a un sistema alimentario más diverso y resiliente. Las mejoras en eficiencia reducen costes y facilitan el acceso a más personas, mientras que la investigación en nuevos sabores y texturas podría derribar barreras culturales.
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Julián Serrano