Crítica:
La noticia es un anuncio de costes disfrazado de ecología, pero falla al no explicar exactamente cuánto se reduce la cuota de emisión. Es un aviso de subida de precios sin análisis técnico real.
La noticia es un anuncio de costes disfrazado de ecología, pero falla al no explicar exactamente cuánto se reduce la cuota de emisión. Es un aviso de subida de precios sin análisis técnico real.
Hay quien dice que el dinero público es como el agua, pero en el caso de Plus Ultra, ha sido más bien como un billete de cincuenta lanzado a un huracán. La cúpula de la aerolínea acaba de soltar la bomba con la naturalidad de quien admite que ha perdido las llaves de casa: devolver los 53 millones de euros del rescate es, sencillamente, imposible. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma su sueldo, la compañía se ha dedicado a una ingeniería financiera creativa que ha terminado en un agujero de 76 millones de euros. La trama tiene ese aroma a despacho cerrado y favores entre amigos. José Luis Rodríguez Zapatero fue la pieza maestra para que la Sociedad Estatal de Participaciones (SEPI) abriera el grifo en 2021, repartiendo el botín en un préstamo de 19 millones y un crédito de 34 millones. Lo más surrealista es que la firma fue declarada 'estratégica' teniendo apenas cuatro aviones alquilados. Básicamente, salvaron un castillo de naipes con dinero de todos. Ahora, la realidad ha aterrizado sin tren de aterrizaje. Con pérdidas acumuladas de 45 millones hasta el año pasado y otros 31 millones de saldo negativo en el ejercicio actual —culpando al queroseno, claro—, la empresa se ha lanzado al preconcurso de acreedores y ha lanzado un ERE para sus 679 empleados. El Estado, que cree que puede cobrar pignorando el 51% del capital social, se va a encontrar con que ha heredado una cáscara vacía. Mientras Belén Gualda, presidenta de la SEPI, concedía extensiones de pago, la justicia ahora pone la lupa sobre Zapatero y sus hijas. El 30 de noviembre, justo después de las elecciones, toca dar explicaciones sobre cómo un rescate público se convirtió en un vuelo sin retorno.
España ha logrado un truco de magia digno de Las Vegas: nos han convencido de que somos una potencia económica mientras nuestra cartera tiene el tamaño de un sobre de kétchup. Según la OCDE, ya hemos entrado en el top 10 de los países que más impuestos pagan del mundo. Básicamente, Hacienda nos trata como si viviéramos en un ático en Copenhague, pero la realidad es que nuestro poder de compra, medido por el FMI en paridad de poder adquisitivo (PPA), nos ha desplomado hasta el puesto 42 mundial. Es el colmo del absurdo: pagamos como ricos, pero sobrevivimos como aprendices. El Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado 141 subidas de impuestos, una cifra que parece más una lista de la compra infinita que una estrategia fiscal. El resultado es un agujero contable en el bolsillo del ciudadano. Mientras que en otros países de la UE se aplicaron rebajas automáticas del IRPF para que la inflación no se comiera el sueldo, aquí hemos tenido la 'suerte' de una subida encubierta. Sumemos a esto el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y el resultado es un sablazo de 213.000 millones de euros en recaudación real desde que Sánchez llegó al poder. La cuña fiscal para un trabajador medio sin cargas familiares ya supera el 40 %, pulverizando la media de la OCDE (34,8 %). Es decir, que casi la mitad de lo que produces se queda en el camino antes de llegar a tu cuenta. Mientras tanto, países como Lituania, Estonia o Polonia nos pisan los talones o ya nos han adelantado en capacidad de compra. Estamos en una situación surrealista: tenemos una fiscalidad de primera división europea, pero una renta real que se ha quedado colgada en la percha. Pagamos la entrada VIP al club de la prosperidad, pero nos dejan sentados en la puerta.
Nos venden el 'milagro' con un envoltorio brillante: 22.729.600 personas ocupadas en octubre. Un récord, dicen. Pero en la calle, donde el café sigue costando lo mismo que el alquiler de un zulo, la aritmética del Gobierno suena a chiste de mal gusto. Mientras celebran que el verano creó 73.600 puestos —el avance más flojo desde 2019, por cierto—, se olvidan de mencionar que, en el mismo periodo, la cola del paro engordó con 95.900 nuevos desempleados. Es como intentar llenar un cubo agujereado: echas agua por arriba, pero la fuga es más rápida que el grifo. La verdadera tragedia no está en el titular, sino en la letra pequeña de la EPA del Instituto Nacional de Estadística. A finales de septiembre, 505.900 parados llevaban más de dos años en el limbo, el 19,5% del total de los 2.591.200 desempleados. Si sumamos a los 342.000 que llevan entre uno y dos años (un 13,2%), tenemos a casi tres de cada diez personas atrapadas en una espera infinita. Es una agonía lenta que no se cura con discursos sobre el PIB, que presume de crecer un 2,7% interanual en los últimos tres trimestres. Pero lo más sangrante es el debut. 325.300 personas buscan su primer empleo, ese que debería ser la puerta de entrada a la vida adulta y termina siendo un muro de hormigón. Hay 49.300 jóvenes que llevan más de dos años intentando que alguien les diga 'estás contratado' y otros 48.500 que llevan entre uno y dos años en la misma odisea. En total, el 30% de los que buscan su primer puesto están en el congelador laboral. Nos dicen que es mejor que en 2021, cuando el paro rozaba los 3,467 millones. Claro, compararse con el abismo siempre hace que el precipicio actual parezca una colina.
El Gobierno nos vende el crecimiento del empleo como si fuera un milagro económico, pero al abrir el capó del coche, resulta que el motor está gripado. Entre marzo y septiembre, se crearon 503.000 puestos de trabajo, una cifra que en un titular oficial suena a gloria bendita. Sin embargo, la letra pequeña de CaixaBank Research nos suelta el sablazos: 421.000 de esos afiliados no son 'nuevos empleos', sino personas que ya estaban aquí, sudando la camiseta en la sombra, y que ahora simplemente han pasado al lado luminoso de la Seguridad Social gracias a la regularización extraordinaria de enero. Traducido al lenguaje de la calle: no es que haya más trabajo, es que hemos puesto el sello oficial a quien ya estaba limpiando el suelo o levantando muros. Es como si en tu casa, que antes tenías un presupuesto para comer, ahora decidieras anotar en la libreta los gastos que ya hacías en efectivo; no tienes más dinero, solo tienes una libreta más llena. Mientras tanto, el empleo de los nacionales es un desierto: solo 45.000 españoles sumaron en ese periodo, y los extranjeros ya legalizados apenas aportaron 37.000. La hipocresía es deliciosa. El Ministerio de Migraciones registró 1.174.978 solicitudes, pero se ha quedado mudo desde julio, dejando el recuento de las 609.737 tramitadas en el aire. Funcas y BBVA Research ya han soltado la bomba: si descontamos el maquillaje de la regularización, el empleo real está en fase de ralentización. El 80% de estas altas se concentran en el 'cuarteto del esfuerzo': hostelería (33%), administración (15%), comercio (13%) y construcción (12%). En resumen, hemos cambiado el disfraz de la economía sumergida por el de la formal, pero el hambre y el estancamiento siguen siendo los mismos.
El campo tiene la paciencia agotada y el bolsillo vacío. Mientras el Gobierno juega al Monopoly con el aceite, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos de Extremadura ha decidido que ya basta de 'ingeniería financiera' a costa del sudor ajeno. La jugada es sencilla pero cínica: una norma basada en el artículo 167 bis del Reglamento (UE) nº 1308/2013 obliga a las almazaras a retener el 12 % del aceite hasta el 30 de septiembre de 2027. El problema es que algunas almazaras, con la creatividad de un contable en apuros, han intentado trasladar ese 'estacionamiento' de aceite al bolsillo del agricultor, retrasando el pago de la aceituna entregada. Traducido al lenguaje de la calle: es como si llevaras el coche al taller, te lo entregaran arreglado, pero el mecánico te dijera que no te cobra el IVA hasta dentro de tres años porque el Estado le pide que guarde una pieza de repuesto. Una aberración. La Orden APA/1145/2026 es clara: la retención es responsabilidad de la almazara, no un cheque en blanco para que el productor coma aire. La ley es tajante. Entre la Ley de mejora de la cadena alimentaria y la normativa contra la morosidad, el pago debe llegar en 30 días por tratarse de un producto perecedero. No hay espacio para interpretaciones poéticas. Lo más irónico es que, mientras se retiene el 12 % en casa para intentar estabilizar precios, las puertas están abiertas de par en par a las importaciones del norte de África. Es como intentar llenar un cubo agujereado: retienes el aceite local pero dejas que el importado inunde el mercado, asegurando que el precio de la aceituna siga cayendo en picado mientras el agricultor espera un pago que, según algunos, llegará en 2027.
En España, querer independizarse hoy es como intentar comprar un Ferrari con el presupuesto de un carrito de supermercado: una fantasía. Mientras el Gobierno se llena la boca hablando de acceso a la vivienda, la realidad es que el sector de la construcción ha decidido tomarse unas vacaciones permanentes. Según el INE, en septiembre la actividad registró una contracción del 9,8% respecto al mismo mes de 2025. No es un bache, es un precipicio: llevamos nueve meses consecutivos de descensos interanuales. Si miramos el Índice General de Producción de la Construcción (IPCO), el panorama es desolador. La ingeniería civil bajó un 8,6% y las actividades especializadas un 2,7%, pero el verdadero 'sablazo' está en la construcción de edificios, que se desplomó un 34,7%. Es decir, que mientras los jóvenes buscan un techo, las grúas se han quedado oxidadas. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando contrastamos esto con el informe de la Universidad de las Hespérides. Desde 2021, se han creado 1,2 millones de hogares, pero solo se han construido menos de medio millón de viviendas. El resultado es un agujero contable de casi 750.000 viviendas que no existen. Mientras Alemania juega en la liga del superávit, España lidera un ranking de déficit que no tiene comparación en Europa. Estamos ante la tormenta perfecta: menos casas, más demanda y unos precios que suben como la espuma porque, básicamente, no hay donde meter a la gente. El Estado mira los datos, pero parece que prefiere ignorar que la matemática no entiende de discursos políticos: si no construyes, no hay casas.
El Gobierno de Pedro Sánchez nos vendió la 'tasa Google' como el gran atraco legal a los gigantes de Silicon Valley. La narrativa era sencilla: hacer que Amazon, Apple y Google soltaran la gallina para llenar las arcas públicas. Pero cinco años después, la realidad es que el Ejecutivo ha intentado cobrar una cuenta que no existe y, al final, el sablazo lo ha pagado el autónomo de barrio y la pyme que apenas sobrevive. Los datos del Instituto de Estudios Económicos (IEE), presentados por Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, son un jarro de agua fría. Prometieron recaudar 1.200 millones anuales (luego bajaron la apuesta a 968 millones), pero en 2025 la cifra real ha sido de apenas 410 millones. Es como si fueras al casino convencido de ganar un millón y salieras con el cambio del autobús: solo el 42% de lo previsto. En total, entre 2021 y 2025, Hacienda ha ingresado 1.550 millones, dejando un agujero de 3.300 millones respecto a las promesas oficiales. Para colmo, este impuesto representa un ridículo 0,07% de los ingresos públicos. Lo más cínico es el 'efecto rebote'. Google y Amazon no han soltado un euro de su bolsillo; simplemente han aplicado un recargo del 3% en sus tarifas. El resultado es que entre 160 y 230 millones de euros anuales los están pagando las pymes españolas. Es la paradoja perfecta: un impuesto para castigar al rico que termina siendo una tasa encubierta sobre la digitalización del pequeño empresario. Mientras tanto, Estados Unidos ya mira con malos ojos nuestro aceite y vino, amenazando con aranceles del 25%. Según Cristina Enache de Tax Foundation Europe, quitar este lastre elevaría el PIB en 539 millones anuales. Básicamente, el impuesto cuesta más de lo que recauda. Un negocio redondo, si eres enemigo de la economía española.
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