El texto original es un panfleto de indignación que confunde el análisis económico con el desahogo emocional. Se apoya excesivamente en un vídeo de terceros sin aportar una respuesta oficial de la Seguridad Social sobre los controles reales.
Vender un contrato indefinido hoy en día es como comprar un coche 'seminuevo' que se te queda parado en el garaje a los seis meses porque no arranca. La reforma de Yolanda Díaz nos vendió el sueño de la estabilidad, pero los datos de Fedea revelan que hemos pasado de tener pocos contratos fijos a tener muchos contratos que duran lo que un caramelo en la puerta de un colegio. La temporalidad en el sector privado ha bajado del 25% de finales de 2019 al 12,3%, una cifra que en el PowerPoint ministerial luce como un trofeo, pero que en la calle es puro maquillaje. La trampa está en la supervivencia. Antes de la norma, el 52,5% de los fijos aguantaban el primer año; ahora, esa cifra cae al 48%. Básicamente, hemos disfrazado empleos precarios de 'indefinidos' para que la estadística no escupa la verdad. Peor aún: la rotación de estos contratos se ha duplicado, pasando del 0,3% al 0,6%, impulsada sobre todo por los fijos discontinuos, que ahora tienen una tasa de baja superior a la de los temporales. Es la ingeniería financiera del empleo: cambiar la etiqueta del producto sin mejorar la calidad del contenido. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo juega al escondite con la evaluación oficial. El informe previsto para enero de 2025 se movió a enero de 2026 y, a día de hoy, sigue guardado en un cajón hace ocho meses. Mientras el Gobierno calla, la realidad grita: los despidos en periodo de prueba se han multiplicado por 5 y los contratos de más de seis meses han caído un 44%. Al final, la estabilidad es un concepto elástico que solo sirve para que el diálogo social no tenga que admitir que el mercado laboral sigue siendo una ruleta rusa.
Hay una diferencia abismal entre gestionar la nacionalidad de un país y organizar una verbena de pueblo sin presupuesto. El caso es que, en el Ministerio de Justicia, parece que la segunda opción fue la elegida. María del Mar López Álvarez, ex subdirectora general de Nacionalidad y Estado Civil, se ha presentado ante la Audiencia Nacional el pasado miércoles para intentar explicar lo inexplicable. El escenario: el caso de las 'cloacas del PSOE' y la nacionalidad 'express' concedida a Nervis Villalobos, ex viceministro de Venezuela. La trama es digna de una comedia de enredos burocráticos. Resulta que el juez Santiago Pedraz ya ha imputado a Villalobos por sospechas de haber falseado papeles. Mientras el ciudadano medio pelea tres meses para renovar el DNI, Villalobos surfeó una instrucción firmada por Sofía Puente, ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que convirtió la 'ley de nietos' en un buffet libre de nacionalidades para no exiliados. Lo más delirante llegó en el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción. A López Álvarez le preguntaron si el pasaporte del abuelo era obligatorio. Primero dijo que sí, luego dudó si en algún consulado se pasaría por alto y terminó admitiendo que lo que realmente hacía falta era el certificado de nacimiento. Es el equivalente administrativo a pedirte el carnet de conducir para comprar el pan y, cuando te quejas, decirte que en realidad bastaba con una foto de tu perro. Esta improvisación, que huele a presión política según los apuntes de Leire Díez, ha dejado un rastro de irregularidades tan evidente que el Tribunal Supremo ha tenido que suspender cautelarmente el voto de quienes aprovecharon este 'agujero legal'. Al final, la ley de nietos terminó siendo una ley de 'quien tenga el contacto adecuado'.
En este país, la ley es como un queso gruyère: cuantas más agujeros tenga, más fácil es que alguien meta la mano. Mientras el trabajador medio hace malabarismos con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, hay ingenierías sociales que convierten el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en un sueldo de directivo junior sin mover un dedo. La receta es sencilla, casi artesanal: no te cases y juega al escondite con el padrón. El esquema, desgranado por Manuel Llamas, es una joya de la picardía administrativa. Imaginen a una pareja con cuatro hijos. Si fueran honestos y se empadronaran juntos, el Estado les daría 1.613,92 euros al mes en 2026. Pero, ¿para qué conformarse con el menú del día cuando puedes pedir el banquete completo? El truco consiste en dividir la familia en dos núcleos ficticios. La madre se empadrona en una dirección con tres niños y se embolsa unos 1.600 euros; el padre se apunta en otra dirección con el hijo restante y suma otros 1.100 euros. El resultado es un 'estirón' financiero que eleva la cifra a 2.670,30 euros mensuales en 2026. Lo más delirante es que el sistema no solo es ciego, sino que premia la mentira. Para 2027, con una subida proyectada del 14% para alcanzar el 75% del umbral de pobreza del INE (unos 836 euros para una persona sola), este montaje escalaría hasta los 3.043 euros al mes. Estamos hablando de cobrar un 65% más solo por mentir sobre dónde duermen los niños. Mientras tanto, la familia de Vitoria, que ya percibía 2.454 euros mensuales más ayudas del Banco de Alimentos, nos recuerda que el IMV ha dejado de ser un colchón para los vulnerables para convertirse, en algunos casos, en una renta vitalicia para los más espabilados.
En el tablero político, hay jugadas que huelen a cerrado. Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona y cabeza de lista del PP por Barcelona, ha decidido plantar a TVE con una contundencia que ya quisieran algunos para pagar las hipotecas. El motivo es un debate electoral, programado para el lunes 2 de noviembre, que la cadena pública ha decidido mover de sitio como quien mueve un mueble para tapar una mancha en la pared. La excusa oficial es el luto por el accidente ferroviario de Urda, ocurrido el pasado miércoles y que ha dejado decenas de víctimas. Pero aquí es donde la cosa se pone surrealista. El luto oficial terminó el sábado a las 23:59 horas. Es decir, que el lunes el calendario estaba limpio. Sin embargo, según Albiol, la representante del Partido Socialista soltó una perla digna de manual de autoayuda: que, aunque el luto oficial había expirado, persistía un 'luto psicológico'. Traducido al lenguaje de la calle: nos están vendiendo un 'estamos tristes' para evitar que el PSOE se enfrente al fuego cruzado en un momento donde la gestión de la tragedia ferroviaria quema. Es la clásica maniobra de ganar tiempo, como cuando el niño dice que no ha terminado los deberes porque 'estaba reflexionando sobre la materia'. Mientras laSexta movió su encuentro del 2 al 10 de noviembre con transparencia, Albiol ve en TVE el departamento de comunicación del PSC-PSOE. Con las elecciones generales del 29 de noviembre pisando los talones, Albiol ha puesto el límite. No piensa legitimar que la televisión pública actúe al dictado electoral. Si cambian la fecha, él no va. Sencillo. No quiere ser el actor secundario de un guion escrito en Moncloa para evitar que la sociedad catalana y española pregunte lo que tiene que preguntar mientras la herida de Urda sigue abierta.
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha pasado los últimos años vendiendo la emergencia climática como el Apocalipsis en versión premium, pero parece que en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el único clima que impera es el del abandono. Mientras el Ejecutivo se llena la boca con banderas verdes y tacha de negacionistas a quien no recite el manual, la realidad en el terreno es un chiste de mal gusto. Un observador meteorológico con más de tres décadas de vuelo ha decidido soltar la bomba: instalaciones que se caen a pedazos y equipos que mienten más que un político en campaña. Imagínate que intentas hacer la compra con una aplicación que te dice que el pan cuesta cien euros o que no existe. Pues así están los datos de la Aemet; el trabajador muestra pantallas tapadas con papeles para no equivocarse porque el sistema escupe información errónea. Un detalle encantador si pensamos que esos datos aterrizan en las torres de control aeroportuario. La seguridad aérea jugando al azar porque no hay presupuesto para un monitor que funcione. La gestión es, sencillamente, surrealista. Llevan tres años con el despacho del jefe vacante desde que el anterior se jubiló, dejando que los observadores hagan malabares administrativos sin formación. ¿La solución a la infraestructura ruinosa? Los propios empleados lijando y pintando la garita de instrumentos para que no se desplome, mientras la agencia solo ha puesto la pintura. Es como intentar arreglar un barco que se hunde poniendo una pegatina de 'estamos trabajando'. Lo más doloroso es la negligencia científica. Por no mover unos aparatos de radiación solar que ahora quedan en sombra debido a unos depósitos nuevos, se ha dinamitado una serie climatológica de viento de más de 80 años. Ochenta años de historia tirados a la basura por pura desidia. Pero no os preocupéis, que el dinero sí apareció para lo verdaderamente urgente: un nuevo logotipo. Porque claro, que la garita se caiga da igual, siempre y cuando la marca corporativa luzca moderna mientras el país se queda sin datos reales.
Vender el servicio ferroviario español como un milagro moderno bajo el eslogan "no es magia, son tus impuestos" requiere una capacidad de descaro que ya quisiera cualquier prestidigitador de Las Vegas. Mientras Óscar Puente y el Ministerio de Hacienda presumen de una maquinaria recaudatoria que funciona como un reloj suizo, la realidad en las vías es más parecida a un escenario de película de terror. El accidente de Urda no es un imprevisto; es la factura que llega cuando decides ignorar el mantenimiento durante una década. Hacienda se ha dado un festín. En 2025, el fisco engulló 325.356 millones de euros, un sablazo de 30.622 millones más que el año anterior y una cifra que deja en ridículo los 116.671 millones de diferencia respecto a 2018. Para rematar, entre enero y agosto de 2026, ya han ordeñado 230.277 millones, superando en 20.426 millones al año previo. Es decir, el Estado tiene la cartera llena, pero las vías están en los huesos. El Instituto de Estudios Económicos ha soltado un informe que es, básicamente, un acta de defunción de la inversión estructural. Desde 2012, invertir en carreteras, trenes y puertos es como intentar tapar una piscina olímpica con un parche: estamos por debajo de los niveles de 2004. Para evitar que el país se desmoronara entre 2013 y 2022, habrían hecho falta 17.000 millones de euros adicionales, repartidos en 5.500 millones para hidráulica, 3.600 millones para ferrocarriles y 1.300 millones para carreteras. Lo más cínico es la Alta Velocidad. Mientras el número de pasajeros subió un 100,8% entre 2015 y 2024, el gasto en mantenimiento por viajero cayó un 27,5%. Nos venden el AVE como el orgullo nacional, pero lo mantienen con el presupuesto de un autobús de línea. Para 2030, casi la mitad de nuestras infraestructuras tendrán más de 20 años, y el 71,1% de las hidráulicas serán auténticas reliquias. No es magia, es negligencia financiada con nuestra nómina.
Hay quien dice que el poder es una puerta giratoria, pero lo de José Luis Rodríguez Zapatero parece más bien un servicio de conserjería VIP para rescatar aviones. La versión oficial, esa que se construye con palabras elegantes y silencios estratégicos, acaba de sufrir un aterrizaje forzoso. Resulta que 'Julito' Martínez, el hombre que hacía de escudo y testaferro, ha soltado la bomba: él no trajo el negocio de Plus Ultra a la mesa, fue el propio expresidente quien le pasó el teléfono. Traducido al lenguaje de la calle: Zapatero no era el consultor que recibía sugerencias, era el dueño del club que decidía quién entraba. El 16 de mayo de 2020, Julito recibió la llamada de Martínez Sola y Roselli, pero solo porque Zapatero ya le había avisado de que sonarían. Es la diferencia entre ser el camarero que sirve la copa y ser el dueño del local que decide el precio. El despliegue de ingeniería financiera es casi poético: Zapatero incluso sugirió enviar una carta al vicepresidente Cendoya del Banco Santander para agilizar un crédito ICO. Mientras el ciudadano medio lucha con la inflación y mira la cuenta bancaria con miedo, en la 'Sala Situacional Pula' se movían los hilos con la agilidad de un operador de bolsa. La UDEF ha dejado el rastro marcado: el 21 de octubre de 2020, Roselli menciona el cobro de una factura y, apenas cinco días después de que Zapatero se citara con la empresa, la Sepi empezaba a aceitar la maquinaria del rescate. Para el 26 de octubre, Plus Ultra ya estaba subsanando papeles para engullir la ayuda pública. El esquema es sencillo: contacto, factura, llamada al banco y dinero público cayendo como lluvia de mayo. Una coreografía perfecta donde el expresidente marcaba los pasos y Julito solo ponía la firma.
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