Crítica:
El texto es un panfleto ideológico disfrazado de análisis económico que utiliza datos proyectados a 2026 como si fueran hechos consumados. Carece de matices y sustituye la argumentación técnica por el ataque personal al presidente.
La generación perdida de Sánchez: jóvenes sin casa, ni ahorro y condenados a pagar en pensiones más de lo que ingresan
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Sánchez: el déficit que no sale en Instagram
Hacer cuentas con el Gobierno es como leer el extracto del banco ignorando los recibos que llegan por correo: al final, el saldo no cuadra. Pedro Sánchez nos vende un déficit del 2,4% del PIB para 2025, una cifra que suena a dieta equilibrada y gestión responsable. Pero Funcas, que no se traga el cuento, ha sacado la calculadora y ha descubierto que la realidad es un banquete mucho más caro: las necesidades reales de financiación rozan el 4% del PIB. Traduzcamos esto al lenguaje de la calle para que no nos vendan la moto. Por cada 100 euros que Moncloa dice que nos faltan, en realidad hemos tenido que pedir prestados 167 euros. Es el clásico truco de 'estoy ahorrando' mientras deslizas la tarjeta de crédito para comprar activos que, en teoría, son recuperables, pero que hoy mismo son un agujero en la cartera. El truco de magia contable reside en las 'operaciones financieras'. Préstamos, recapitalizaciones y compras de participaciones que, por un tecnicismo europeo, no cuentan como gasto en el déficit oficial, pero que obligan al Tesoro a emitir deuda sí o sí. En el último trienio, el Estado ha autorizado modificaciones de crédito por 47.700 millones de euros para estos fines. Estamos hablando de un promedio de 16.000 millones anuales que se mueven en una zona gris, lejos de los titulares. Mientras el relato oficial presume de crecimiento y recaudación, la deuda pública española se resiste a bajar porque el grifo de la financiación no deja de gotear. El riesgo es el de siempre: que esos préstamos resulten ser fantasmas y que las participaciones empresariales acaben valiendo lo mismo que un billete de Monopoly. Al final, la brecha de 1,6 puntos del PIB es la diferencia entre la foto retocada de Instagram y la realidad del espejo.
Ceuta sangra millones y Madrid mira
En Ceuta, la economía no solo ha tosido; ha tenido un síncope en toda regla. Mientras en Madrid los despachos huelen a colonia cara y optimismo impostado, en la calle el aire huele a miedo y a persianas bajadas. Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad, ha soltado el dato que hace temblar el bolsillo: un millón de euros diarios que se esfuman. Un millón. Para que nos entendamos, es como si cada mañana la ciudad tirara a la basura el presupuesto de miles de familias mientras el Gobierno central juega al turista.
Pimientos: producimos millones y compramos fuera
España es el sexto productor mundial de pimiento, con una cosecha de 1.518,61 millones de kilos que debería hacernos sentir orgullosos. Pero aquí viene el chiste: mientras el agricultor local se rompe la espalda, el mercado decide que es más sexy comprar fuera. En el primer semestre de 2026, importamos 83,34 millones de kilos, y el 94,81% (79,01 millones de kilos) aterrizaron desde Marruecos. Es como tener la despensa llena de jamón y decidir pedir una pizza a domicilio cada noche porque el repartidor es más amable. La ingeniería financiera es fascinante. El sablazo a Marruecos alcanzó los 116,33 millones de euros, con un precio medio de 1,47 euros por kilo. Si miramos el retrovisor, la cosa es delirante: en el primer semestre de 2017 comprábamos 33,74 millones de kilos; para 2026, la cifra saltó a 79,01 millones. Un incremento del 134,15% que deja al sector nacional mirando las musarañas. Pero el verdadero atraco no ocurre en la frontera, sino en el ticket del súper. Según el IPOD de COAG, en agosto de 2026 el pimiento rojo vivió una metamorfosis económica: el agricultor cobró 0,84 euros por kilo, mientras que el consumidor pagó 2,91 euros. Un margen del 246% que se queda en el camino, probablemente en los despachos de quienes deciden que es mejor traer 373.958 toneladas de hortalizas marroquíes que apoyar el campo propio. Entre enero y julio de 2026, Marruecos se llevó 982 millones de euros de nuestro bolsillo, consolidándose como el rey del suministro extracomunitario, mientras FEPEX lanza alertas que parecen gritos en el desierto sobre la pérdida de producciones estratégicas.
Bruselas deja al pescador sin sueldo
Bruselas ha decidido que salvar el planeta es prioritario, aunque eso implique que el pescador del Mediterráneo pase más tiempo mirando el techo que tirando de la red. La aritmética es cruel: en 2019, la flota de arrastre podía faenar 230 días al año; para este 2026, la media se ha desplomado a 143 jornadas. Hablamos de 87 días robados, casi tres meses de sueldo que se evaporan en un despacho climatizado de Bélgica mientras el armador ve cómo su cuenta corriente se convierte en un desierto. Es como si te dijeran que puedes trabajar, pero solo los martes y los jueves alternos, mientras te felicitan por tu 'contribución ecológica'. La Visión 2040 para la Pesca y la Acuicultura, publicada el 20 de octubre, es el equivalente burocrático a darte una palmadita en la espalda mientras te quitan la cartera. Javier Garat, de CEPESCA, lo tiene claro: reconocer que el sector envejece y que las flotas desaparecen es muy noble, pero no paga las hipotecas. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando la propia Comisión admite que los peces han vuelto, pero mantiene el grifo cerrado basándose en la especie más débil, un 'cientifismo' que rozó el delirio en diciembre de 2025, cuando propusieron reducir la faena a ridículos nueve días anuales. Luis Planas tuvo que intervenir para recordar que vivimos en este planeta y no en Marte. Mientras la flota española se encoge —de 9.871 buques en 2013 a 8.324 hoy— y las naves envejecen con una media de 37 años, la UE solo produce el 38% del pescado que consume. Básicamente, estamos importando la cena mientras asfixiamos a los nuestros con una Política Pesquera Común de 2013 que ha caducado hace lustros. El Parlamento Europeo pidió el 12 de octubre suavizar las reglas, pero en Bruselas, el dogma verde suele pesar más que la realidad del puerto.
AVE: España invita y Europa cierra puertas
El karma ferroviario ha llegado a Europa y tiene acento italiano. Resulta que la SNCF, la gigante francesa que se dedicó a ponerle zancadillas burocráticas a Renfe para que no pisara suelo galo, ahora está probando su propia medicina. Italia ha decidido jugar al mismo juego: papeleo infinito, 'interpretaciones normativas' creativas y un muro de hormigón administrativo que retrasa la entrada de los franceses en las líneas Turín-Roma y Turín-Milán-Venecia hasta bien entrado 2028. Es la ley de la calle: el que escupe al cielo, acaba mojado. Mientras tanto, en España, el panorama es el de un anfitrión demasiado generoso que invita a cenar a todo el mundo y termina pagando la cuenta y limpiando la cocina. Mientras Francia y Italia cierran sus puertas con llave, Óscar Puente y la CNMC han decidido que aquí todo sea 'open bar'. No solo hemos abierto las líneas más rentables, como el Madrid-Barcelona, sino que la CNMC ha tenido la brillante idea de obligar a Renfe a compartir hasta los cepillos de dientes en sus talleres de mantenimiento. Básicamente, le pedimos a Renfe que le preste el garaje y las herramientas a Ouigo e Iryo para que estas puedan arreglar sus trenes cómodamente. El resultado es una paradoja fascinante. Tenemos una saturación de vías que recuerda a la M-30 en hora punta y una inversión pública que no para de sangrar. Y aunque nos vendieron que la competencia bajaría los precios, la realidad es que Ouigo e Iryo ya acumulan pérdidas superiores a los 250 millones de euros. Ahora, como cualquier negocio que se respeta cuando se da cuenta de que el banquete gratis se acaba, han empezado a subir las tarifas. Al final, el pasajero paga la factura de una liberalización que en el resto de Europa es más un mito que una realidad.
Pensiones vuelan mientras sueldos gatean
Hacer cuentas en España se ha vuelto un ejercicio de surrealismo financiero. Mientras el trabajador medio mira su nómina y se pregunta si el aumento ha sido un error de redondeo o una broma pesada, las pensiones han pegado un salto acrobático. Desde que Pedro Sánchez aterrizó en Moncloa en el segundo semestre de 2018, la prestación media ha crecido un 43%, pasando de unos modestos 955,21 euros a los 1.365,65 euros registrados entre enero y marzo de 2026. Un crecimiento que deja al salario ordinario medio —que subió de 1.669,55 a 2.098,61 euros (un 25,7%)— mirando desde la barrera con cara de póker. La aritmética es cruel: las pensiones han crecido un 67% más que los sueldos. Es como si en una cena familiar, mientras los que trabajan pagan la cuenta con cupones de descuento, los jubilados pidieran el menú degustación con vino caro. El fenómeno no es magia, es demografía pura y dura: el 'baby boom' ha llegado a la meta. En 2024, el sistema absorbió 368.065 nuevas jubilaciones frente a 273.346 bajas. Básicamente, entran más personas de las que salen y, para colmo, entran con el bolsillo más lleno: los nuevos jubilados cobran una media de 1.566 euros, mientras que los que se van dejaban una vacante de 1.289 euros. Para sostener este castillo de naipes, el Gobierno ha sacado la cartera de los activos. Entre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con ese recargo del 0,9% en 2026, y la cuota de solidaridad desde 2025, la estrategia es clara: exprimir la naranja del trabajador para que el jubilado tenga zumo. Mientras tanto, la Airef lanza avisos que parecen guiones de película de terror: transferencias que subirán al 3% del PIB y una deuda pública que podría rozar el 123% del PIB en 2050. Una fiesta hoy, con una factura que pagarán los que aún no saben ni qué es una cotización.
Hoteles: el sablazo post-pandemia es brutal
Parece que despertar en una cama que no sea la tuya se ha convertido en un deporte de riesgo para la cartera. Según el INE, dormir en un hotel en España cuesta ya un 50,3 % más que antes de que el mundo se encerrara en casa. No es una simple corrección de precios; es un sablazo en regla. Mientras que en septiembre de 2019 una habitación nos costaba una media de 94,23 euros, hoy el tique marca los 141,61 euros. Una diferencia de 47,38 euros por noche que, traducida al lenguaje de la calle, es como si te cobrasen un impuesto invisible por el simple hecho de haber sobrevivido a una crisis sanitaria. La hipocresía numérica es deliciosa: el IPC subió un 28,1 %, pero los hoteles han decidido ir a su ritmo, disparándose más de 22 puntos por encima de la inflación general. En términos reales, el alojamiento es un 17,3 % más caro. Y si hablamos de Madrid, la capital ha decidido jugar en la Champions del encarecimiento. Pasar de 102,37 euros a 186,65 euros supone un salto del 82,3 %. Básicamente, Madrid te pide 84,28 euros más por noche solo por el privilegio de respirar su aire. Baleares no se queda atrás con un 66,5 %, seguida de Cantabria (52,2 %), Andalucía (49,4 %) y el País Vasco (45,9 %). Lo más cínico es que el negocio no depende de nosotros. Las pernoctaciones de españoles cayeron un 1,9 %, mientras que los extranjeros subieron un 3,2 %. El sector ha descubierto que es más rentable ignorar al vecino que al turista con moneda fuerte. Una estancia de cinco noches ahora nos cuesta 708,05 euros frente a los 471,15 de antaño. Casi 237 euros que antes eran cenas y museos y que ahora se quedan en la caja del hotel. Desde los 332,8 euros de los cinco estrellas hasta el trono de Marbella con sus 286,6 euros de media, el mensaje es claro: el descanso es un lujo que ya no podemos pagar.
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