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Gestionar el agua en este país es como intentar tapar una gotera en el techo con un chicle masticado: tarde o temprano, el techo se te cae encima. Lo que el Gobierno vendió hace diez días como una 'incidencia temporal' ha resultado ser un desastre arquitectónico con todas las letras. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha soltado la bomba: el acueducto Tajo-Segura tiene los cimientos hechos trizas, con hundimientos en Liétor y Riansares que obligan a cerrar el grifo durante cinco meses. Cinco meses. Para un millón de personas en Alicante, eso no es una 'incidencia', es una condena a vivir pegados a la factura de la luz, ya que las desaladoras tendrán que trabajar a marchas forzadas para que no nos bañemos en arena. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta corriente no llegue a cero, el Ministerio para la Transición Ecológica ha soltado un presupuesto de 1,2 millones de euros para intentar que el hormigón no se convierta en queso suizo. Es una cifra que suena a mucho hasta que te das cuenta de que 30.000 hectáreas de cultivo están ahora mismo en el limbo, rezando para que el calendario avance más rápido que la burocracia. Lucas Jiménez, del SCRATS, pone números al pánico: 65 hectómetros cúbicos en riesgo para el regadío y 25 para el consumo. Un agujero hídrico que deja en evidencia la dejadez estatal. La hipocresía es el plato fuerte. El Gobierno tardó dos semanas en admitir que la infraestructura está en las últimas, limitándose a un comunicado de 365 palabras que parece redactado por alguien que no quiere que lo despierten del siesta. Ahora, entre la presión de Francisco Lucas y las quejas de Miguel Barrachina, se apresuran a declarar la 'emergencia'. Claro, porque la emergencia no es que el canal se hunda, sino que el escándalo político ya no se puede maquillar con eufemismos técnicos.
Hay que tener una cara de cemento armado para intentar vender un accesorio de plástico como un hito del orgullo nacional. Pere Navarro, el artífice de la narrativa oficial, ha decidido bautizar la baliza V16 como la 'baliza española'. Suena a épica, a vanguardia europea, a ese aire de superioridad que nos gusta fingir mientras el resto del continente nos mira con envidia. Spoiler: no hay envidia, hay confusión. La realidad es mucho más prosaica y huele a despacho de marketing desesperado. En Europa, y concretamente en medios como The Olive Press, The Sun o The Daily Express, no hablan de una 'invención patria' que revolucione la seguridad vial. Se refieren a ella como 'Spanish V16 warning light' o 'Spain’s V16 connected beacon'. Traducción para los que no hablamos inglés: es la luz esa que obligan a usar en España. Punto. No es el descubrimiento de la penicilina, es un aviso para que los británicos que vienen a dejarnos sus libras no acaben multados por no llevar el aparatito. Mientras Navarro intenta que nos pongamos la mano en el pecho, los datos cuentan una historia de fracaso comercial. Desde enero las ventas están más estancadas que el tráfico en la A-6 un lunes por la mañana. A pesar de que el cacharro cuesta menos de 10 euros en cualquier centro comercial —básicamente el precio de un menú del día mediocre—, solo la mitad de los conductores la han comprado. Los fabricantes y distribuidores llevan meses pidiendo a la DGT que deje de jugar con las palabras y empiece a promocionar el producto de verdad. Pero claro, es más fácil inventarse un nombre patriótico que admitir que la estrategia de implantación ha sido un fiasco total. Al final, nos venden el envoltorio porque el contenido no convence.
En el fútbol, como en la vida, hay silencios que gritan más que un gol en el minuto 90. Llevamos 44 meses en un estado de coma inducido respecto al «asunto Barcelona». Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y mira la lista de la compra como quien mira una película de terror, en las altas esferas del deporte español se ha practicado el arte del 'mutis por el foro'. La UEFA, presidida por Ceferin, ha soltado la bomba: no han recibido ni una sola hoja de papel, ni un correo electrónico, ni un susurro de la RFEF, el CSD o la Liga. Nada. Cero. Patatero. Es fascinante. Tenemos un agujero contable de 8,4 millones de euros que el Barcelona deslizó hacia el vicepresidente de los árbitros para comprar 'interés'. En cualquier barrio, pagar esa cantidad por favores sería motivo de titulares durante una década, pero aquí parece que el Gobierno y la Federación han decidido aplicar la técnica del avestruz. Louzán y Tebas han mirado hacia otro lado, con este último sugiriendo que el Barçagate ya ha prescrito, como si fuera un yogur caducado y no un presunto delito de corrupción deportiva. La jugada de hacer tiempo ha fallado. Mientras España juega al escondite, Inglaterra está limpiando la casa con el Manchester City y Turquía hace lo mismo. La UEFA ya no compra la excusa de que 'está en manos de la justicia española', especialmente cuando hemos visto a cuatro jueces abandonar el barco por presiones políticas. Al final, el único que ha tenido que hacer el trabajo sucio de denunciar ha sido el Real Madrid, entregando 50.000 páginas de pruebas. En Nyon ya saben que en el Comité Técnico de Árbitros siguen operando veinte herederos de la era Negreira. El Comité de Ética de la UEFA no tiene el reloj de Tebas; el suyo no marca la prescripción, sino el juicio.
España acaba de estrenar un nuevo Reglamento General de Circulación que, en teoría, es para todos. Pero claro, en el tablero político actual, 'todos' es un concepto elástico. La novedad estrella permite que las motos circulen por el arcén cuando el tráfico se convierte en un parking gigante. Una medida que la DGT intenta vender con un límite de 30 km/h, aunque cualquier agente de la Guardia Civil con dos dedos de frente sabe que controlar esa velocidad es como intentar contar los granos de arena de una playa: una pérdida de tiempo absoluta. Aquí es donde entra Cataluña. Aprovechando que tiene las competencias de Tráfico transferidas desde 1997, ha decidido que el nuevo reglamento es más una sugerencia que una norma. En Cataluña, los moteros seguirán viendo el arcén como tierra prohibida. Mientras que en otras latitudes se experimenta con peajes dinámicos —como en el País Vasco— o límites cambiantes en la AP-7, aquí la Generalitat ha plantado el pie. El contraste es casi cómico. Por un lado, tenemos una norma estatal que invita a las motos a bailar en el arcén, una zona que, seamos sinceros, suele estar más sucia que el suelo de un taller mecánico y donde cualquier coche averiado puede montar una emboscada involuntaria. Por otro, una comunidad que prefiere mantener el veto. Al final, el conductor se encuentra en un limbo jurídico donde el código postal decide si circular por el arcén es un derecho o una multa. Es la ingeniería administrativa en su máxima expresión: crear una autopista de normas donde cada salida lleva a un destino distinto, dejando la seguridad vial como el daño colateral de una guerra de competencias.
Mientras nosotros seguimos discutiendo si el café de la máquina sube diez céntimos, al otro lado del charco han montado un tablero de Monopoly donde España no tiene turno. Mohamed VI no ha jugado a las casitas; ha lanzado un plan automovilístico con la ambición de superar el millón de unidades producidas. De momento, han pasado el medio millón, pero el ecosistema que están cocinando asusta más que una factura de la luz en agosto. La jugada es maestra: han levantado los puertos de Nador y Tánger, auténticas autopistas logísticas que pueden mover más de un millón de coches al año. ¿El truco? Están a solo 12 kilómetros de Europa. Es como tener el almacén en el pasillo de casa pero sin pagar el IBI. Sobre este cimiento, Stellantis y Renault han plantado sus banderas, creando polos industriales que ya no quieren depender de nadie. Marruecos ya presume de fabricar sus propios motores y ha seducido a China para explotar tierras raras y levantar la primera gigafábrica de baterías de África en Kenitra, junto a otras cuatro plantas de química y metales. Pero vamos a lo que duele, a la calculadora. Fabricar un coche allí es entre un 20% y un 25% más barato que aquí. Traducido al lenguaje de la calle: el fabricante se ahorra hasta 3.000 euros por vehículo. ¿De dónde sale la magia? De un sablazo salarial brutal. Mientras un operario en España cobra un mínimo de 1.500 euros, en Marruecos se conforman con entre 500 y 600 euros. Si a eso le sumas una energía subvencionada que es casi regalada y una legislación medioambiental que es, básicamente, un saludo, el resultado es una ventaja competitiva que no es competencia, es una ejecución.
Hay quien dice que el retiro de un expresidente es para escribir memorias y pasear por el campo, pero José Luis Rodríguez Zapatero ha llevado el concepto de 'jubilación dorada' a un nivel de ingeniería financiera digno de un manual de supervivencia. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cesta de la compra, la Moncloa mantiene un ecosistema de lujo que parece más una sucursal del PSOE que una oficina de representación. La UDEF ha puesto el dedo en la llaga al identificar a Judith Laure Wells Sutton, una funcionaria de Presidencia pagada con dinero público desde 2018, que compartía despacho con la ya conocida Gertrudis Alcázar. No eran solo secretarias; según el juez Calama, eran las piezas operativas de una maquinaria donde se gestionaban comunicaciones sensibles y operativas financieras desde la calle Ferraz. Es el colmo del descaro: usar el erario público para financiar la infraestructura de una presunta organización criminal. Y luego tenemos el caso del primo, José Miguel Vidal Zapatero. El hombre, custodio de una caja fuerte llena de joyas de origen misterioso, se encaja en el presupuesto público con un sueldo de nivel 30, lo que supone un sablazo anual de unos 90.000 euros. Un lujo que se complementa con pasaporte diplomático renovado en junio de 2025 y escoltas que, lejos de proteger la Seguridad Nacional, parecen haber servido para gestionar reservas en restaurantes con Julio Martínez o paseos clandestinos por el monte de El Pardo. Todo esto ocurre mientras el expresidente sigue sin explicar la procedencia de aquellas joyas que, según él, fueron un regalo del rey de Arabia en 2007. Un silencio que, sumado al 1% de comisión del rescate de Plus Ultra (unos 530.000 euros), convierte la presunción de inocencia en un escudo muy cómodo pagado con nuestros impuestos.
En los despachos de Bruselas y Madrid, el tabaco es un pecado; en Extremadura, es la hipoteca pagada y la cena en la mesa. Mientras los burócratas juegan al Monopoly con la salud pública, en pueblos como Losar de la Vera el tabaco no es un vicio, es el 85% de la renta. Para Antonio Sánchez, su alcalde, quitar la hoja es básicamente firmar el acta de defunción del pueblo. No es que quieran convertir a Europa en un cenicero gigante, es que, sencillamente, no hay un 'plan B' que no sea la emigración masiva. España es el segundo productor europeo, pero el 98% del peso recae en Extremadura. Hablamos de un motor que inyecta 91 millones de euros de valor añadido al PIB regional y que sostiene a 3.000 familias. Es una maquinaria aceitada: desde la cooperativa Coolosar, que mueve 8,6 millones de euros vendiendo hoja seca a 4,30 euros el kilo, hasta Cetarsa, que procesa 17 millones de kilos al año. Es una cadena de montaje rural donde 20.000 puestos de trabajo dependen de que la hoja siga siendo legal y rentable. La ironía es deliciosa: el Estado se llena los bolsillos con 9.000 millones de euros anuales en impuestos, pero ahora mira de reojo al sector. Philip Morris International (PMI) intenta salvar los muebles apostando por el tabaco calentado —un 95% menos dañino— e invirtiendo 230 millones de euros en la última década. Incluso han montado centros digitales en Olivenza y Almendralejo para que el campo no sea solo sudor, sino también bits. Pero si la normativa europea decide que 'todo lo que huela a tabaco es malo', el resultado no será una población más sana, sino pueblos fantasma y un agujero contable que ni el mejor ingeniero financiero de la UE sabría tapar.
Gestionar la sanidad en Ceuta se ha convertido en el arte de poner tiritas en una fractura expuesta. Mientras el ciudadano de a pie intenta que su cita médica no sea un ejercicio de fe, el Ministerio de Sanidad y el Ingesa juegan al escondite con la realidad. No es que falten recursos, es que parecen haberse evaporado en un agujero contable de negligencias y promesas vacías. Para el ceutí, acceder a un especialista es hoy un deporte de riesgo, una odisea donde la distancia con la Península pesa más que el propio diagnóstico. La ministra Mónica García ha aterrizado en la ciudad no para traer soluciones, sino para ejecutar una coreografía de negación. Sus dos últimas visitas han tenido más aire de operación encubierta que de gestión pública: entradas 'clandestinas' al Hospital Universitario, escoltadas por un despliegue de seguridad que haría palidecer a un jefe de Estado, evitando deliberadamente a los médicos. Es la gestión del 'aquí no pasa nada' mientras el centro sanitario es, en palabras claras, un polvorín sanitario. El debate se ha degenerado en una pelea semántica absurda sobre si la palabra 'colapso' es técnicamente correcta. Es como discutir si el incendio de tu casa es un 'fuego intenso' o una 'combustión acelerada' mientras el techo se te cae encima. Detrás de esa gimnasia mental, hay plazas vacías y profesionales quemados que cargan al hombro un sistema que se cae a trozos. El catedrático Antonio Alarcó Hernández lo deja claro: la inacción ya no es incompetencia, es una traición a los derechos básicos. En Ceuta, la sanidad de segunda categoría ya no se puede maquillar con comunicados oficiales; el paciente no necesita adjetivos, necesita médicos.
Gestionar una frontera es complejo, pero gestionar la logística de quienes deben custodiarla parece haber sido un ejercicio de improvisación creativa. Desde finales de julio, Ceuta ha absorbido la entrada de unas 80.000 personas vía El Tarajal, y el resultado es un tablero donde nadie cabe. Ni los migrantes, ni las víctimas, ni siquiera los propios policías. Resulta casi surrealista que el Ministerio del Interior haya desplegado refuerzos de la UIP y de la Comisaría General de Extranjería para acabar obligándolos a dormir en Algeciras. Sí, han convertido la jornada laboral en un crucero forzoso: dos horas diarias de ferri para que los agentes puedan cerrar los ojos en un hotel gaditano porque en la ciudad autónoma no hay una cama libre. Es como contratar a un fontanero para arreglar una fuga y decirle que, como no hay sitio en el barrio, se instale en la ciudad vecina y viaje en barco cada mañana. Mientras los agentes de Extranjería lidian con documentos falsos de "mucha calidad" y la UIP desmantela asentamientos en la playa de Benítez y la desaladora, la realidad social es un incendio sin extintores. El centro Mediterráneo ha pasado de ser un refugio a un cuello de botella donde las menores víctimas de agresiones sexuales no tienen dónde meterse. Los datos del CGPJ del 22 de septiembre son un puñetazo: 37 procedimientos por agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre, un salto del 75% respecto al año pasado. Sin embargo, en el Congreso, la ministra Ana Redondo se ha permitido el lujo de presumir de una labor "muy importante" y de sus 59 centros de crisis. Es la eterna danza del poder: mientras en el terreno se cuentan violaciones y falta espacio, en el despacho se cuentan logros y leyes de paridad. Para rematar el cuadro, Amnistía Internacional señala a los militares por torturas, mientras la ATME, con Marco Antonio Gómez a la cabeza, recuerda que las agresiones a los uniformados también existen, aunque no entren en el catálogo de las ONG.
Hay una ironía deliciosa en el destino. Maricarmen Abascal, convertida hoy en el estandarte sentimental de la lucha contra los desahucios, resultó que ya conocía el camino al juzgado, pero esta vez no era como víctima, sino como propietaria con las cuentas en rojo. Retrocedamos al 13 de junio de 2000. Mientras el país se acostumbraba al euro, el BOE publicaba un edicto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Collado-Villalba. El motivo: un procedimiento hipotecario (número 117/99) promovido por el Banco Zaragozano. El objeto del deseo era un chalet en la urbanización Reajo del Roble, en Collado Mediano, justo al lado del embalse de Navacerrada. Una zona donde el aire es puro y el suelo caro. En el registro figuraba como 'vivienda en construcción', aunque en el mundo real —donde las cosas no siempre coinciden con el papel— es probable que Maricarmen ya estuviera disfrutando de las vistas. De hecho, Urbagestión, la empresa que luego protagonizaría su batalla por el piso del Retiro, soltó la bomba el 24 de septiembre: según el padrón, la señora vivió allí hasta 2001. La broma terminó cuando el banco decidió que ya bastaba de paciencia. Se fijó una primera subasta el 13 de julio de 2000 por 20 millones de pesetas. Un sablazo considerable para la época que terminó en un agujero contable. El calendario de ejecuciones estaba servido: segunda subasta el 13 de septiembre y tercera el 18 de octubre. Resulta fascinante el contraste. Por un lado, la lucha por un piso en renta antigua heredado en 1956, donde Urbagestión alega que la subrogación de 2005 fue un salto al vacío legal sin discapacidad acreditada. Por otro, el sueño frustrado de la sierra madrileña. Maricarmen no solo sabe lo que es que te pidan la casa; sabe perfectamente lo que es que el banco te la quite por no pagar la letra.
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Joan Ramos