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La Administración General del Estado (AGE) está a punto de implementar la jornada laboral de 35 horas semanales para sus funcionarios, una medida que podría entrar en vigor entre febrero y marzo. Según UGT, uno de los sindicatos involucrados en las negociaciones, la AGE se ha comprometido a adaptar la instrucción de jornada y horarios para hacer efectivo este cambio. Esta decisión se enmarca en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. La implantación de las 35 horas semanales había quedado pendiente tras la firma del acuerdo, que incluía una subida salarial del 11,4% para los funcionarios durante los próximos tres años. Además de la jornada laboral, se espera que en futuras reuniones se aborden otras cuestiones como la regulación del teletrabajo, la actualización de indemnizaciones y la clasificación profesional. El teletrabajo, en particular, se basará en el acuerdo alcanzado en abril de 2021 con el entonces ministro Miguel Iceta, aunque su implementación podría llevar más tiempo. La decisión de reducir la jornada laboral es un paso significativo hacia la mejora de las condiciones laborales en la AGE, siguiendo el ejemplo de algunas administraciones autonómicas y locales que ya han adoptado esta medida.
El Consejo de Informativos de RTVE ha emitido un demoledor informe de 144 páginas criticando duramente los programas 'Mañaneros' y 'Malas Lenguas', presentados por Javier Ruiz y Jesús Cintora respectivamente. Según el informe, ambos programas presentan un contenido sesgado favorable al Gobierno y al PSOE, mientras que tratan de forma discreta o ignoran temas que podrían poner en aprietos al Ejecutivo. Además, se denuncia la emisión de noticias falsas y la falta de rigor periodístico, lo que afecta la credibilidad de los informativos de RTVE. El informe también cuestiona la externalización de la producción de estos programas a productoras como La Osa Producciones, cuya dirección ha sido condenada por la justicia en ocasiones. El Consejo de Informativos reclama el refuerzo de los mecanismos de control editorial y la internalización de la producción informativa para garantizar la independencia, neutralidad, pluralismo, imparcialidad y rigor. Con un precio de producción que supera los 2 millones de euros anuales, la externalización de estos programas supone un gasto significativo para RTVE. El informe ha sido elaborado tras meses de análisis y recomienda al Consejo de Administración de RTVE y a su presidente, José Pablo López, que se tomen medidas para corregir estas deficiencias y garantizar la calidad y objetividad de los contenidos informativos. La credibilidad de RTVE se ve afectada por estas prácticas, lo que provoca que algunas fuentes y expertos se nieguen a colaborar con los informativos de la cadena pública.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado exportaciones de tecnología de 'doble uso' a Irán por valor de casi 6 millones de euros desde 2018 hasta el primer semestre de 2024. Estos productos, que pueden tener aplicaciones tanto civiles como militares o nucleares, incluyen válvulas para la industria petroquímica y del gas, así como equipos para el sector farmacéutico. La Secretaría de Estado de Comercio ha confirmado estos datos, que han generado controversia debido al embargo parcial que sufre Irán. El Ministerio de Economía ha asegurado que solo se exportan productos que no se consideran susceptibles de ser utilizados en programas de armas de destrucción masiva. Mientras tanto, el ministro José Manuel Albares ha pedido al régimen iraní que respete la libertad de manifestación y cese la violencia contra las protestas.
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y su asesora, Cristina Álvarez, se niegan a entregar sus pasaportes al juez Juan Carlos Peinado, quien investiga un posible caso de malversación de caudales públicos. La negativa ha llevado al juez a pedir ayuda a la Unidad Adscrita de Policía Judicial para hacer cumplir su requerimiento. La investigación se centra en la posible coincidencia de viajes internacionales entre ambas mujeres y en la relación laboral y personal entre ellas, que se remonta a más de 10 años. La instrucción judicial está en su recta final, pendiente de resolver decenas de recursos de apelación en la Audiencia Provincial de Madrid.
Un estudio liderado por científicos españoles ha descubierto que los infartos de miocardio son menos letales cuando ocurren por la noche debido al comportamiento de los neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco. Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares han encontrado que el reloj biológico de estas células influye en la mortalidad de los infartos. Durante la noche, los neutrófilos reducen su agresividad y causan menos daño colateral al tejido cardíaco. El equipo ha desarrollado una estrategia farmacológica que imita este estado nocturno, logrando reducir el tamaño del infarto y mejorar la función cardíaca en modelos experimentales. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte global, con 17,9 millones de fallecimientos anuales. En España, la mortalidad intrahospitalaria por infarto ha caído del 15 al 5 por ciento en tres décadas gracias a mejoras en prevención y tratamiento. Sin embargo, el daño cardíaco durante el episodio sigue determinando la calidad de vida posterior. El estudio abre una vía prometedora para proteger el corazón sin debilitar las defensas naturales.
Con la llegada del frío, algunas personas experimentan un cambio de color en sus dedos, volviéndose blancos, azulados o violáceos, acompañado de dolor u hormigueo. Este fenómeno, conocido como el fenómeno de Raynaud, se debe a una contracción excesiva de los vasos sanguíneos de pequeño tamaño en respuesta al frío y al estrés emocional. Afecta a entre el 3 y el 5% de la población mundial y es más frecuente en mujeres y en climas fríos. Aunque en la mayoría de los casos es benigno, puede ser un síntoma de una enfermedad subyacente, como la esclerosis sistémica o el lupus. Es importante identificar los desencadenantes y tomar medidas para controlar los síntomas, como evitar el frío, el estrés y el consumo de tabaco. En casos graves, se pueden emplear fármacos vasodilatadores para reducir la frecuencia y la intensidad de los episodios.
En España, el sistema sanitario público practica el 97% de las eutanasias, pero solo el 21,2% de los abortos. Según los informes del Ministerio de Sanidad de 2024, de 929 procesos de eutanasia finalizados, 426 fueron practicados en centros públicos, con un 75,89% de los pacientes mayores de 60 años. Cataluña registró el 33,33% de los fallecimientos por eutanasia. En contraste, el 78,75% de los abortos se realizaron en centros privados, pese a estar financiados por el sistema público. La tasa de mortalidad por eutanasia en España fue del 0,10%, considerablemente inferior a la de otros países como Bélgica (3,6%) o Países Bajos (5,8%). El Ministerio de Sanidad ha exigido a las comunidades autónomas crear un registro de objetores de conciencia para garantizar el derecho al aborto, lo que ha generado polémica, especialmente con la Comunidad de Madrid, que se ha negado y enfrenta un proceso contencioso-administrativo.
En un gesto de clemencia ligado a la conmemoración del Manifiesto de la Independencia marroquí, el rey Mohamed VI indultó a 1.386 personas, entre ellas 15 condenados por terrorismo que demostraron arrepentimiento y adhesión a los valores del Estado. La medida, que afecta tanto a presos como a personas en libertad, se enmarca en una tradición de indultos reales en fechas señaladas. De los 15 terroristas indultados, nueve vieron perdonado el resto de su pena y seis obtuvieron una reducción parcial de sus condenas. El Gobierno marroquí destaca que la decisión responde a un proceso de evaluación individual vinculado a programas de reinserción y revisión doctrinal en el ámbito penitenciario. La conmemoración del Manifiesto de la Independencia, celebrado el 11 de enero, es una fecha clave en el calendario político marroquí, pues recuerda el inicio formal del proceso soberanista frente al protectorado francés y español en 1944.
En el corazón del debate fiscal español late un dato revelador: las rentas superiores a 60.000 euros, pese a representar apenas el 5,61% de los declarantes (1.346.400 de 23.987.211), aportan el 42,31% de la cuota líquida incrementada total del IRPF, que asciende a 118.153 millones de euros. Esta concentración no es nueva, pero su evolución sí es alarmante: en 2003, estos tramos representaban el 2,19% de las liquidaciones y contribuían con el 30,40% de la cuota agregada. Veinte años después, han aumentado su peso en 3,4 puntos porcentuales en cuanto a número de declarantes, pero su contribución a la cuota ha crecido casi 12 puntos. Esta tendencia plantea interrogantes sobre la progresividad del sistema y su impacto en la competitividad de España para atraer y retener talento en un mercado laboral global. Mientras el Gobierno defiende la ordinalidad para Cataluña en la financiación autonómica, asegurando que quien más aporta no quede peor posicionado tras la redistribución, el IRPF muestra una progresividad que concentra la carga en los tramos más altos, precisamente aquellos más expuestos a la competencia internacional. Esta dualidad entre ordinalidad territorial y progresividad individual genera un doble lenguaje fiscal que puede erosionar la base imponible y desincentivar la inversión y el talento. El debate debería centrarse en diseñar una estructura recaudatoria que maximice ingresos sostenibles sin comprometer la innovación ni el capital humano.
En un giro inesperado, el PSOE ha sido vinculado a un escándalo que involucra a un ex cartero condenado por pederastia y presuntamente implicado en la manipulación de votos en Albaida del Aljarafe. A.G.D., el empleado de Correos, fue condenado a cinco años de cárcel por abusar de un menor de 14 años en 2017. A pesar de su historial, el Ayuntamiento gobernado por el PSOE lo contrató como peón municipal el 1 de julio de 2025 para realizar tareas de mantenimiento en el colegio local. Posteriormente, fue recolocado en el área de ayuda a domicilio. La Guardia Civil investiga posibles irregularidades en el voto por correo durante las elecciones municipales de 2019, donde se detectó un aumento sospechoso del 14,92% en votos por correo, muy por encima de la media nacional del 3,6%. Testigos afirman que A.G.D. tramitó votos sin la presencia de los votantes, y que se hicieron promesas de empleo a cambio de votos. La investigación apunta a que la trama podría no ser un caso aislado y que se están analizando posibles irregularidades en otras provincias gobernadas por el PSOE.
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Julián Serrano