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El Gobierno de España ha abierto la puerta a que inmigrantes ilegales regularizados puedan cambiar su nombre y sexo registral sin necesidad de antecedentes penales ni nacionalidad española, amparándose en la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Esta ley permite a mayores de 16 años solicitar la rectificación registral de sexo y nombre ante el Registro Civil. Aunque el Ejecutivo aún no ha desarrollado el texto legal que regula este procedimiento para extranjeros, ya ha comenzado a realizar estos cambios registrales. La medida se enmarca en una regularización masiva de inmigrantes acordada por PSOE y Podemos a finales de enero, que podría afectar a más de medio millón de personas que residan en España antes del 31 de diciembre de 2025. Los beneficiarios deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en el país mediante documentos como el padrón, informes médicos o contratos de alquiler. La regularización concede derechos desde la presentación de la solicitud, incluyendo la suspensión de procedimientos de retorno y órdenes de expulsión, autorización de residencia provisional para trabajar y acceso a asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se concede una autorización de residencia por un año, tras lo cual podrá solicitarse una autorización ordinaria.
Las empresas vinculadas al exministro de Defensa y expresidente del Congreso José Bono han aflorado activos inmobiliarios y financieros por valor de 7,3 millones de euros y un patrimonio neto de 5,1 millones, según un análisis de THE OBJECTIVE basado en las cuentas oficiales depositadas en el Registro Mercantil. El entramado empresarial de Bono se articula a través de cinco sociedades patrimoniales españolas y una filial en República Dominicana. La principal empresa del grupo es Hípica Almenara, con activos superiores a 2,8 millones de euros, aunque no ha actualizado sus cuentas desde 2018. Otras sociedades importantes son Viveros 02031924, con activos de 1,4 millones, y Joasa 2012, con 1,84 millones y un patrimonio neto de más de un millón. La estructura empresarial se consolidó después de que Bono abandonara la política activa y se centra en la gestión de inversiones inmobiliarias y financieras. La filial dominicana Teilvelpir RD, participada en un 99,9% por Tojsama 14, tiene un valor de 532.385 euros y constituye la principal conexión exterior del entramado. El patrimonio neto conjunto de las empresas revela una estructura sólida con escasa dependencia del crédito.
La inspectora que acusa de violación al exDAO José Ángel González Jiménez está 'estupefacta' tras conocer que el comisario Óscar San Juan, citado en la querella por presuntas coacciones, ha sido recolocado en la Comisaría General. Con un precio de salida de 50€, fijado para hoy, la empresa busca... NO ES RELEVANTE PARA ESTE RESUMEN. El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha asignado a San Juan como jefe de la Brigada de Coordinación Operativa de la Unidad Central de Coordinación Operativa y Técnica de la Comisaría General de Policía Científica, un cargo clave que supervisará investigaciones e informes. El abogado de la inspectora, Jorge Piedrafita, ha pedido explicaciones al departamento de Marlaska, cuestionando si el puesto es de libre designación o si San Juan lo ha obtenido por baremación. Sindicatos policiales han censurado que no se le haya abierto un expediente disciplinario a San Juan pese a su implicación en los hechos. La inspectora sufrió presuntas coacciones del exDAO y otros mandos, incluyendo San Juan, quien le ofreció un puesto para silenciarla. El exDAO está imputado por cuatro delitos que suman 24 años de prisión y deberá declarar el 17 de marzo. La querella detalla cómo el exDAO instrumentaliza su posición para controlar y dominar a la víctima.
Teresa Santero, consejera de CaixaBank en representación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y propuesta por el Gobierno, ha ingresado 715.000 euros desde su incorporación en diciembre de 2020. A pesar de votar en contra o abstenerse en las decisiones sobre la remuneración de la cúpula directiva, Santero se ha beneficiado de sucesivos aumentos en su propia retribución, que ha subido casi un 60% desde su llegada al consejo. Con una trayectoria ligada al PSOE y experiencia en empresas públicas, Santero fue reelegida en 2024 por otros cuatro años, prolongando su mandato hasta abril de 2029. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su presencia en CaixaBank a pesar del rally bursátil que podría facilitar la recuperación de las ayudas públicas inyectadas en Bankia.
El acceso a una noticia crucial sobre las nuevas reglas del mercado laboral que afectan a los trabajadores fijos discontinuos ha sido denegado. La noticia, publicada originalmente en elEconomista.es, abordaba cómo estas nuevas reglas dejan cifras más altas para cobrar el paro en comparación con los trabajadores despedidos. La página web muestra un error de acceso con el mensaje 'Access Denied' y un código de referencia específico. Este bloqueo genera interrogantes sobre la transparencia y el acceso a la información laboral en un momento en que las reformas laborales están en el centro del debate público. Los trabajadores fijos discontinuos, un colectivo significativo en sectores como la hostelería y la agricultura, se ven particularmente afectados por estas nuevas reglas. La falta de acceso a esta información complica aún más la comprensión de las implicaciones de estas reformas.
En España, la aprobación de leyes ha alcanzado un ritmo vertiginoso, con una nueva norma cada 45 minutos, lo que ha generado un entorno de 'hipertrofia normativa'. Entre 1978 y 2021, se aprobaron más de 411.000 leyes, y desde entonces, el ritmo no ha cesado de crecer. Según un informe del Instituto Juan de Mariana y el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEFAS) del CEU, esta avalancha de regulaciones conlleva un coste económico de 90.000 millones de euros y graves efectos en áreas como la vivienda y el absentismo laboral. El Real Decreto-ley 7/2019, que intervino en el mercado de la vivienda, es citado como ejemplo de cómo la sobre-regulación puede tener consecuencias contraproducentes, como la caída de un 56% en la oferta de vivienda en alquiler entre 2020 y 2025, y un aumento del 30% en los precios. Además, la Ley 1/2020, que derogó el despido objetivo por faltas de asistencia, ha distorsionado la relación contractual y ha llevado a un aumento del 53% en el absentismo laboral, generando un coste de 130.000 millones de euros. El informe denuncia la existencia de un 'Estado Niñera' que todo lo regula, limitando la autonomía personal y empresarial. Para abordar esta situación, se propone el uso de una 'motosierra digital' basada en inteligencia artificial para auditar y eliminar regulaciones innecesarias o dañinas. El estudio identifica que el 84% de las leyes aprobadas bajo la administración de Pedro Sánchez son susceptibles de reforma o derogación.
Un misterioso mensaje de 'Access Denied' bloquea el acceso a una noticia crucial sobre cómo cargar correctamente el móvil antes de salir de casa. Los expertos, citados en el artículo original ahora inaccesible, ofrecían consejos precisos sobre la carga óptima de la batería. Con una referencia críptica - #18.4e9bf748.1772055476.a7fe774 - el error sugiere una restricción geoespacial o de contenido. La noticia original, alojada en eleconomista.es, prometía revelar prácticas adecuadas para prolongar la vida útil del dispositivo móvil. Ahora, el enlace redirige a un error de Akamai/EdgeSuite, lo que sugiere problemas de distribución de contenido o censura encubierta. La comunidad tecnológica se queda sin respuestas ante la imposibilidad de acceder a estas recomendaciones supuestamente expertas.
La Agencia Tributaria (AEAT) ha gastado más de 800.000 euros en una herramienta para espiar a contribuyentes a través de perfiles falsos en redes sociales. El proyecto, adjudicado a OESIA NETWORKS en 2023 por 177.468,28 euros y ampliado en 2024 con otro contrato a Cipherbit, S.L por 629.200 euros, busca analizar 'patrones de comportamiento' y detectar posibles evasores fiscales. La herramienta permite procesar más de 100.000 perfiles y acceder a información en plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitch, OnlyFans y Patreon. Expertos como Bernardo D. Olivares y Emilio Pérez Pombo critican la iniciativa por considerarla una 'vigilancia masiva' y cuestionan su legalidad al no existir una ley que autorice explícitamente la creación de perfiles falsos para recopilar datos.
La sobre-regulación en España, impulsada principalmente por el gobierno de Pedro Sánchez desde 2018, está costando a la economía española alrededor de 90.000 millones de euros anuales, según un informe conjunto del Instituto Juan de Mariana y el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU-CEFAS). Esta cifra representa aproximadamente un 4% del Producto Interior Bruto (PIB) del país o tres cuartas partes de la recaudación total del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El estudio, titulado 'Desenredar España', analizó 243 leyes aprobadas durante el mandato de Sánchez y concluyó que cerca del 84% de ellas, unas 200 leyes, son consideradas superfluas, rígidas, intervencionistas o perjudiciales para el crecimiento económico. El análisis destaca que la construcción es uno de los sectores más afectados, lo que a su vez encarece las viviendas. Para llevar a cabo esta auditoría, los investigadores desarrollaron una herramienta pionera de big data e inteligencia artificial llamada Spain-Desreg, que podría ser útil no solo para España sino también para la Unión Europea en su conjunto. Los expertos detrás del informe proponen una 'motosierra' regulatoria que podría implicar la derogación inmediata de un 23% de estas leyes con una mayoría simple en las Cortes, y la simplificación o reforma de otras. Ejemplos de normativas que podrían ser revisadas incluyen la eliminación del despido por absentismo en 2020, que según el informe está vinculado a un aumento del 53% en el absentismo laboral. El estudio sugiere que una simplificación legislativa podría atraer inversión tanto nacional como internacional y cita ejemplos de países como Polonia, que ha experimentado un significativo crecimiento económico gracias a políticas de desregulación.
La cebolla encurtida es un condimento versátil y saludable que puede mejorarse sin necesidad de vinagre. Julian Hensarling, un cocinero, propone una versión rápida usando zumo de limón o lima y sal. Para prepararla, se corta la cebolla roja en juliana fina y se mezcla con zumo de lima y sal -aproximadamente tres limas y una cucharadita de sal por tres cebollas rojas pequeñas-. Después de reposar 15 minutos, la mezcla está lista para usar, aunque puede guardarse en la nevera hasta dos semanas. Esta cebolla encurtida es ideal para acompañar ensaladas, tostas, guacamole, tacos, hamburguesas y otros platos.
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Julián Serrano