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Imaginen que trabajan en una empresa donde, si el jefe se despierta de mal humor y decide que tu informe es 'insuficiente', no te da un toque en el oído, sino que te lanza a los leones. Pues eso es el Centro Nacional de Inteligencia ahora mismo. Los más de 3.000 agentes del CNI han descubierto que firmar un documento es, básicamente, redactar su propia sentencia de despido o represalia. En el mundo del espionaje, donde el secreto es la moneda de cambio, hemos pasado a la era del 'me lo contó un colega en la máquina de café'. El ambiente es, cito textualmente, 'terrible'. Mientras Pedro Sánchez lanza dardos contra el trabajo de sus propios espías, los agentes han optado por la estrategia del silencio administrativo. ¿Para qué avisar de que Marruecos, Rusia o China están moviendo las fichas si luego la Moncloa decide que el problema es del mensajero y no del mensaje? Es como avisar de que la casa se quema y que el dueño te regañe por el tono de voz con el que diste la alarma. Lo de Ceuta ha sido el clavo final. Hubo alertas, hubo gente infiltrada en los campamentos y hubo datos claros sobre la avalancha de 80.000 inmigrantes, pero el Gobierno prefirió jugar al Monopoly con la seguridad nacional. Para colmo, desclasificaron 40 documentos a la carta, haciendo una selección quirúrgica para quedar bien, exponiendo antenas y dispositivos que costaron años montar. Es el equivalente a publicar la contraseña del Wi-Fi y la ubicación de la caja fuerte para demostrar que 'estamos siendo transparentes'. La desmoralización ha saltado la valla hasta el Cifas. Allí, el teniente general Antonio Romero Losada, protegido de Margarita Robles, gestiona el centro con el pánico calvo de quien tiene más miedo a equivocarse que ganas de avanzar. En resumen: tenemos un servicio de inteligencia que sabe todo, pero que prefiere no decir nada para que no le corten el sueldo.
El Gobierno español juega a la ruleta rusa con la salud pública y el bolsillo del contribuyente, mientras Francia y Alemania ya han recibido el sablazo. La lógica es tan simple como la lista de la compra: si tratas igual un cigarrillo que escupe alquitrán que un vapeador, el fumador se queda donde está o se va al mercado negro. No es salud, es terquedad regulatoria. El estudio publicado en Frontiers in Health Services, apoyado en el índice SCORE, deja claro que prohibir por prohibir es como intentar apagar un incendio con gasolina. En Francia, la sobrerregulación ha creado un paraíso para los contrabandistas; según KPMG, el 41% del consumo es ilegal. Alemania no se queda atrás, con casi uno de cada tres cigarrillos entrando sin pagar un céntimo de impuestos. Es la ingeniería financiera del crimen alimentada por leyes ciegas. Para España, el agujero contable es abismal. Tenemos 9 millones de fumadores y un 30% de no fumadores respirando el humo ajeno. El estudio de Foment del Treball pone la cifra sobre la mesa y es para echarse a temblar: si migramos hacia alternativas de riesgo reducido, el impacto económico positivo oscilaría entre los 21.400 y los 31.000 millones de euros. Estamos hablando de hasta un 2,3% del PIB que se esfuma en hospitales por no saber diferenciar un producto de otro. Mientras tanto, el Reino Unido ya ha hecho los deberes recomendando el vapeo y ahorrando millones en su NHS (unos 583 millones de euros según la Universidad de Brunel). Italia también ve la luz con un ahorro potencial de 722 millones en ScienceDirect. España tiene la oportunidad de oro de dejar de asfixiar sus presupuestos, pero parece preferir el camino del 'todo o nada', regalándole el negocio a las mafias y la factura al ciudadano.
Hay una ironía deliciosa, casi poética, en que el epicentro del caos en la calle Julián Gayarre sea una antigua sucursal de Caja Laboral. El lugar donde antes se gestionaban hipotecas y ahorros con aire acondicionado y moqueta, hoy es el refugio de un grupo de jóvenes extranjeros que han aplicado su propia 'ingeniería financiera': luz gratis de la red y colchones sobre el suelo. Mientras una inmobiliaria nacional mantiene el cartel de 'se vende' como quien cuelga un cuadro en una galería de arte, el inmueble en el número 36, casi en esquina con Juan María Guelbenzu, lleva al menos dos años siendo el patio de recreo de una ocupación que los vecinos de la Milagrosa ya no saben cómo digerir. Para el residente medio, que ve cómo la lista de la compra sube mientras la seguridad baja, el local es un agujero negro. Cristales rotos y cartones en las ventanas sirven de decoración urbana, mientras la Policía Municipal hace acto de presencia solo cuando el problema escala, como ocurrió recientemente con el robo de la cadena a una mujer mayor en el entorno. Es el contraste perfecto: por un lado, la nostalgia de las zapaterías y pescaderías que ya son fósiles; por otro, la resistencia heroica de Bodegas Leyre, Bodega Núñez o El Mochuelo, y la agonía de la taberna Albéniz, cuyos dueños ya huelen la jubilación. La Milagrosa se ha convertido en un laboratorio social. El barrio tradicional, ese donde todos sabían quién era el hijo de quién, ahora navega entre kebabs y bares latinos. La antigua oficina, que en los noventa ya sufría ataques en su cajero automático, ha cerrado el círculo. De ser un templo del capital a ser un nido de precariedad y malestar vecinal, todo bajo la mirada indiferente de quien posee la llave del local pero prefiere esperar a que el mercado inmobiliario haga el milagro.
Barcelona tiene una memoria selectiva muy conveniente. En 1992 nos vendieron la Villa Olímpica como el escaparate del mundo, un sueño de cristal y jardines donde el futuro parecía brillante. Treinta y cuatro años después, el escaparate se ha roto y lo que queda es un campamento de tiendas de campaña que ha colonizado el espacio público con la naturalidad de quien se muda a un piso compartido sin pagar fianza. Hoy, entrar en ese parque es como intentar entrar en un club privado donde el carné de socio es una lona impermeable. El contraste es obsceno. Donde antes había casales de verano y niños jugando, ahora hay un muro invisible de inseguridad. Los vecinos cuentan que el espacio es sencillamente inaccesible; el ocio familiar ha sido sustituido por agresiones y un sentimiento de extranjería en su propia calle. Es la paradoja barcelonesa: vivir en una de las ciudades más caras de Europa mientras el espacio común se desvanece entre costuras de nylon. En el tablero político, la música ha cambiado pero el baile es el mismo. Hay quien ya echa de menos los tiempos de Ada Colau, lo cual es decir mucho, porque se cree que con Jaume Collboni el declive ha cogido velocidad de crucero. El balance es un agujero negro en delincuencia, inmigración ilegal y acceso a la vivienda. Pero lo más desolador no es el caos, sino la rendición: se estima que solo dos de cada diez barceloneses denuncian los robos que sufren. Denunciar se ha convertido en un trámite burocrático inútil, una pérdida de tiempo que no devuelve la cartera ni devuelve la paz. La gestión socialista ha logrado lo impensable: que el ciudadano prefiera el silencio al papel oficial.
Hay errores que son como olvidarse de ponerle sal a la tortilla: un descuido doméstico. Pero hay otros que, en la administración pública, parecen más bien una 'omisión creativa'. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió que, durante cinco meses, jurar fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución era un detalle opcional para ciertos beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática. Así de sencillo. Mientras el ciudadano de a pie se juega una multa si olvida un sello en un formulario, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, capitaneada entonces por Sofía Puente, redactó unos papeles donde el requisito fundamental del artículo 23 del Código Civil simplemente se había 'evaporado'. Desde octubre de 2022 hasta febrero de 2023, el proceso de nacionalización para los hijos de quienes ya habían obtenido la ciudadanía por la Ley de Nietos fue un paseo libre de promesas. Un 'pack' de nacionalidad sin letra pequeña ni compromisos institucionales. Lo curioso es que los otros dos formularios de la ley sí incluían el juramento; solo fallaba el de la tercera vía. Una selectividad administrativa fascinante. Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, firmó la instrucción que abrió la puerta al voto y al pasaporte sin pedir la jura obligatoria, un requisito que no es una sugerencia, sino la llave legal para entrar en el club de los españoles. Cuando se dieron cuenta de que el Código Civil seguía vigente y que el juramento era obligatorio, publicaron la corrección en febrero de 2023, etiquetándolo como un 'error'. En el lenguaje de la calle, esto es como si te venden un coche sin frenos y, cinco meses después, te llaman para decirte que ha sido una equivocación y que ahora sí que debes instalarlos. El resultado: cientos de personas nacionalizadas con un formulario incompleto y una administración que confunde la seguridad jurídica con un borrador de Word.
Hay una aritmética del combustible que no cuadra y que huele a petróleo ruso barato. Marruecos, que desde el cierre de la planta de Samir en Mohammedia en 2016 tiene la capacidad de refinación de una gasolinera de barrio, ha decidido cerrar el grifo del diésel a España en julio. El desplome es obsceno: pasamos de las 83.000 toneladas de mayo y 58.000 de junio a unas miserables 8.000 toneladas en julio. Justo cuando los drones ucranianos empezaron a convertir las refinerías rusas en chatarra y Moscú restringió sus exportaciones. La coincidencia es tan exacta que parece programada. La sospecha es la de siempre: ingeniería financiera para saltarse el veto de la Unión Europea vigente desde febrero de 2023. Es el truco del intermediario; el crudo ruso entra por la puerta trasera, se maquilla en el reino alauí y llega a nuestras gasolineras mientras nosotros miramos hacia otro lado. Los datos de Vortexa son el clavo final: en el primer semestre de 2026, Marruecos importó 4,34 millones de toneladas de diésel, y Rusia fue el proveedor estrella con 1,35 millones. Mientras tanto, el Gobierno mantiene la sonrisa en las fotos con el rey de Marruecos, ignorando que en aguas de Ceuta se han montado auténticos mercadillos de barco a barco (STS) donde Rusia ha embolsado unos 1.000 millones de euros. Es una danza hipócrita: España exportó 1,4 millones de toneladas de productos petrolíferos a Marruecos en los primeros siete meses del año, mientras acepta que el GNL de Naturgy y Repsol siga siendo ruso hasta 2027 porque 'estaba firmado'. Al final, el mapa energético es un colador y nosotros somos los que pagamos el sablazo en la factura mientras el petróleo vetado viaja en primera clase disfrazado de marroquí.
Hay una receta infalible en la gestión pública: anunciar algo con bombos y platillos, olvidarlo en un cajón durante un año y, cuando la realidad te pega un bofetón, etiquetarlo como 'extrema urgencia' para saltarse la fila de la burocracia. El Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska, ha aplicado este manual al pie de la letra con la valla de Ceuta. Resulta que el Gobierno ya había prometido a finales de 2025 que los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo estarían blindados con sensores de última generación. Pero claro, entre anuncio y anuncio, el tiempo pasó y los sensores siguieron siendo los mismos trastos viejos. De repente, tras la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes, el Ejecutivo ha descubierto que proteger la frontera es, efectivamente, urgente. Para solucionar el entuerto, han recurrido al artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Es el equivalente administrativo a decir 'se me ha quemado la cena' para justificar que no se ha seguido el proceso ordinario. El resultado es un contrato de 4,6 millones de euros adjudicado a TRC INFORMATICA SL. Lo más irónico es que el pliego habla de 'acontecimientos imprevisibles', cuando el propio documento admite que el acuerdo para hacer estas obras ya estaba firmado el 30 de abril de 2025. Mientras el ciudadano medio tiene que esperar meses para una cita médica o luchar con la factura de la luz, el Gobierno ha movilizado fondos europeos para pagar un sablazo millonario en tiempo récord. Una gestión que no es más que una ingeniería financiera para tapar un agujero de negligencia previa, disfrazando la falta de ejecución de un año como una respuesta heroica ante una emergencia.
Hay una elegancia muy particular en el arte de caerse la máscara. Ismael Oliver, un abogado con 40 años de toga que presumiblemente esperaba jubilarse entre expedientes y cafés, se encontró el 18 de septiembre de 2026 en el lado equivocado de la sala, explicando al juez Santiago Pedraz por qué escribió que «hay que acabar con Alejandro Luzón». Lo llama una frase «desafortunada», con la misma naturalidad con la que uno admite que se le ha olvidado comprar la leche, cuando en realidad estamos hablando de conspirar contra la cúpula judicial. La ingeniería financiera detrás de este despliegue de 'lealtad' es fascinante. El PSOE, mediante la aprobación de Santos Cerdán, soltó 27.225 euros a una sociedad de Oliver. Traducido al lenguaje de la calle: el partido le pagaba unos 4.500 euros al mes, un sueldo que envidiaría cualquier currante, para analizar comparecencias sobre la operación Cataluña sin necesidad de contratos ni hojas de encargo. El papel solo apareció cuando llegó la hora de cobrar, porque, como bien dice el letrado, «si no, no cobro». Pero el menú se pone más oscuro. Entre mensajes con Leire Díez —la 'experta en comunicación' que parece más una especialista en limpieza de huellas digitales y gestión de sombras—, Oliver soltó que una testigo «se vende» y que «debemos saber comprar también». Es la ley del mercado aplicada a la justicia. Y para cerrar con broche de oro, el abogado se permitió un momento de sinceridad brutal hacia la Moncloa: «Dile al presidente y a tu jefe que espabilen de una puta vez o les van to joder la vida». Al final, Oliver niega tener influencia en la UCO o la Fiscalía, pero sus mensajes sugieren que el secreto profesional es, a veces, el envoltorio perfecto para una gestión de cloacas.
Hay quien confunde la gestión pública con el manejo de una mafia de barrio. Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático porque no le da el saldo, en las altas esferas del PSOE parece que el presupuesto para el 'odio creativo' es ilimitado. Esta vez, la diana no fue solo la juez Beatriz Biedma, encargada de instruir el caso de David Sánchez, sino que decidieron ampliar el círculo de fuego hacia su hermana. ¿El motivo? Que alguien no estaba cómodo con que la justicia hiciera su trabajo sobre el hermano del presidente. La ingeniería del desprestigio es fascinante. Santos Cerdán, el arquitecto de este entramado, movió los hilos para que Leire Díez contactara con Luis Sáenz de Tejada, un juez condenando por maltrato que, curiosamente, encontró tiempo para abrirse un canal de YouTube y jugar a ser influencer del fango. Desde ahí, una red de colaboradores empezó a disparar correos electrónicos a juzgados y medios, como quien lanza folletos de pizzería, pero con un contenido mucho más tóxico. Acusaron a la hermana de la juez de ser «gordofóbica y homofóbica», etiquetas modernas para intentar anular a alguien cuando no tienes argumentos legales. Lo más delirante ocurre ahora. Hay dos investigaciones abiertas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz, pero el denunciado ha aplicado la técnica del 'estoy en modo avión'. Se dedica a recusar a todos los jueces y afirma que su domicilio está en Arabia Saudí, convirtiendo un proceso judicial en una comedia de enredos transcontinentales. El CGPJ ya dedujo testimonio por calumnias, confirmando que las carpetas de información falsa eran tan reales como las promesas electorales de campaña. Un despliegue de recursos públicos y tiempo para intentar hundir a una mujer por el pecado de no ser cómplice.
Imaginen que están en su descanso, tomándose un café tranquilamente, y resulta que hay alguien detrás de la planta del bar anotando cada gesto para intentar hundir su carrera. Para algunos, es una paranoia de película; para los jueces de Badajoz, fue el pan de cada día. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y mira la cuenta bancaria con pavor, en las altas esferas del poder se montó una maquinaria de acoso que haría palidecer a cualquier agencia de inteligencia de tercera categoría. La trama es tan cutre como ambiciosa. Según los documentos enviados a la Fiscalía General del Estado y otras ocho entidades, Santos Cerdán habría dado la orden de 'limpiar el camino'. Para ello, Leire Díez se convirtió en la arquitecta de un plan donde el combustible eran los rencores de condenados y narcos. ¿El objetivo? Desacreditar a quienes juzgaban al hermano del presidente, David Sánchez. No se usaron argumentos jurídicos, sino fotos de Emilio García Cancho, María Félix Tena Aragón y Domingo Bujalance Tejero tomando café. Sí, el 'crimen' era socializar en una cafetería. La ingeniería del desprestigio alcanzó niveles delirantes. Luis Sáenz de Tejada, un ex juez que parece haber confundido la judicatura con el streaming, se marcó un maratón de 28 horas en YouTube difamando a la instructora Beatriz Biedma. Todo coordinado vía WhatsApp con Leire Díez. Pasaron de intentar sabotear el juzgado a escribir en Facebook que los jueces frecuentaban 'locales de alterne', intentando que el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se tragaran el cuento. Al final, lo que tenemos es una operación sistemática para que nadie en Moncloa tenga que leer una sentencia que no le guste, usando el dinero y los contactos como si fueran fichas de casino.
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Joan Ramos