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En un giro inesperado, Vox ha presentado una denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ex ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su presunta implicación en la desaparición del atestado de una fiesta ilegal celebrada durante la pandemia en la que participó el diputado socialista Felipe Sicilia. La denuncia se basa en las revelaciones de Koldo García Izaguirre, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, quien admitió haber gestionado el asunto a petición de 'gente del Gobierno' y haber solicitado que se dejara 'aquello un poco más calmado'. Según Koldo García, el atestado levantado por los agentes después de la intervención policial habría desaparecido posteriormente. La denuncia de Vox solicita la apertura de diligencias de investigación por varios delitos, incluyendo prevaricación administrativa, omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos, tráfico de influencias y cohecho. El partido también pide la declaración judicial de Koldo García y la conservación de la grabación íntegra de la entrevista en la que hizo estas revelaciones. José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, confirmó los hechos en otra entrevista exclusiva, reconociendo que la Policía le informó del incidente y que, cuando preguntó por el atestado, le dijeron que 'no había ocurrido'. La denuncia de Vox es un golpe significativo para el Gobierno de Sánchez, que ya se encuentra bajo presión por otros escándalos. La investigación podría tener consecuencias importantes para la política española y podría incluso afectar la estabilidad del Gobierno. Con un precio de salida de 0€, la denuncia busca hacer justicia y transparencia. La fecha de la denuncia es el 10 de marzo de 2026, y la actualización es el mismo día a las 14:45. La denuncia es un llamado a la acción para que se haga justicia y se esclarezcan los hechos. El caso Koldo García es un ejemplo de cómo la corrupción y la impunidad pueden afectar a la sociedad. La denuncia de Vox es un paso importante para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la política española.
El exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez, está en el ojo del huracán tras ser procesado por delitos de tráfico de drogas. Según la investigación, Sánchez recibió más de 32 millones de euros por ayudar a introducir 39 contenedores vinculados al narcotráfico. La sorpresa llegó cuando se descubrieron 20 millones de euros emparedados en su vivienda, un hallazgo que ha dejado atónitos a los investigadores. La trama se complica al saberse que su esposa, también policía, está implicada en el caso. Los hechos han sacudido las bases de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDEF), poniendo en tela de juicio la integridad de sus miembros. El juez ha atribuido delitos de tráfico de drogas a Sánchez y a otras ocho personas más. La investigación sigue adelante, intentando desentrañar la red de corrupción que ha llevado a este escándalo sin precedentes.
Un juzgado de Alicante ha absuelto a siete acusados de tráfico de drogas después de que se declarara ilegal el registro de una nave industrial en San Vicente del Raspeig, donde la Guardia Civil encontró una plantación de marihuana en diciembre de 2022. La sentencia, dictada por el magistrado de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Alicante, determinó que la entrada en la nave sin autorización judicial vulneró el derecho a la inviolabilidad del domicilio de uno de los acusados, quien residía allí. Aunque la Guardia Civil alegó desconocer este hecho, varios agentes, incluido un oficial, testificaron que sabían que una persona vivía en la nave. La plantación incautada incluía 148 plantas adultas de marihuana y 22 kilos de cogollos preparados para su venta. Sin embargo, al declararse la nulidad del registro, las pruebas obtenidas no pudieron ser utilizadas, lo que llevó a la absolución de los siete procesados. La Fiscalía había solicitado penas de entre tres años y nueve meses y cuatro años y cuatro meses de prisión, además de una multa por un delito de defraudación de fluido eléctrico.
El acceso a la información sobre la decisión del Gobierno de eliminar trabas para que migrantes sin papeles accedan a la sanidad ha sido bloqueado. La noticia, publicada originalmente en elEconomista.es, ha generado un error de acceso en el servidor, identificado con el código Reference #18.ad081002.1773004276.42199ca0. Este bloqueo ha ocurrido en un contexto en el que la sanidad pública y los derechos de los migrantes están en el centro del debate político y social. La medida anunciada por el Gobierno busca garantizar el acceso a la atención sanitaria a todas las personas, independientemente de su situación administrativa. Con esta decisión, se pretende dar un paso más hacia la universalización de la sanidad, un objetivo que ha sido perseguido por diversas administraciones y organizaciones sociales en los últimos años. El impacto de esta medida se espera que sea significativo, especialmente en comunidades vulnerables. Sin embargo, el acceso denegado a la noticia original impide conocer los detalles específicos de la propuesta gubernamental.
La decisión de Marruecos de prohibir la exportación de sardinas congeladas ha generado una tormenta en la industria conservera española, especialmente en Galicia, que depende en gran medida de las importaciones marroquíes. Con un precio de la sardina que ha subido como la espuma, las fábricas conserveras españolas se enfrentan a una escasez de existencias y confían en que la reanudación de la pesca de superficie en la costa española les permita obtener suficiente suministro. Roberto Alonso, secretario general de la Asociación Española de Industrias Conserveras de Pescado Anfaco-CYTMA, afirmó que los profesionales esperan que las cuotas anuales de pesca de este año sean buenas para adaptarse a la ausencia de producto marroquí. La prohibición de Marruecos de exportar sardina congelada podría durar al menos un año, según Alonso, lo que ha generado una gran presión en las fábricas conserveras. Las importaciones de sardinas congeladas procedentes de Marruecos ascendieron a más de 27.000 toneladas en los diez primeros meses del año pasado, lo que representa el 94% del total de las importaciones españolas a este nivel procedentes de países fuera de la Unión Europea. Los conserveros españoles se han puesto en contacto con Marruecos para expresar su preocupación por la decisión y destacaron la importancia de la cooperación entre las instituciones marroquíes y españolas en el ámbito de las poblaciones de peces sostenibles.
Forestalia, el gigante de las energías renovables, diseñó una estrategia para acallar críticas y contentar a los municipios de Aragón donde instalaba sus parques eólicos: consumo de luz gratis para todos los vecinos. La empresa, ahora bajo investigación por presunto soborno a funcionarios públicos y altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, ofreció una cuota diaria gratuita de 22 kilovatios (kW) por hogar, tres veces más que la media del consumo eléctrico de un hogar español. El plan alcanzó a más de un centenar de municipios en Zaragoza y Teruel, justo después de que el Ministerio otorgara licencias y permisos medioambientales clave para 13 parques eólicos. Sin embargo, la medida no se concretó en muchos casos debido a reveses administrativos o reventa a otras compañías. El negocio real de Forestalia eran las licencias, no los parques eólicos. La empresa logró una plusvalía de unos 500 millones de euros con la reventa de derechos de explotación en el Maestrazgo. La investigación actual revela un laberinto de pequeñas firmas sin trabajadores detrás de la estructura de Forestalia, con Eugenio Domínguez, exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental, detenido por presunta recepción de sobornos.
Un exsubordinado de Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica, ha sido detenido por presuntamente recibir 5,2 millones de euros de Forestalia, una empresa energética liderada por Fernando Samper, a cambio de facilitar autorizaciones ambientales para sus proyectos de energía renovable. Eugenio Domínguez, subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental durante el mandato de Ribera, habría utilizado la empresa de su mujer, Estudio de Asesoramiento Dherco, para canalizar los pagos. Los investigadores sospechan que Domínguez también recibió acciones de las renovables que aprobaba y que Forestalia creó un entramado complejo de empresas para ocultar las transacciones. El caso implica delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil ha registrado varias localizaciones y detenido a seis personas, incluyendo al exfuncionario y su esposa. El juez Juan José Cortés ha autorizado los registros y detenciones tras descubrir 'comportamientos irregulares' en el Ministerio y en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).
La Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador a España por no trasponer a tiempo la directiva 2020/285, que permite eximir del IVA a pequeños autónomos con un límite de facturación anual de hasta 85.000 euros. Entre 1,5 y 2 millones de profesionales se ven afectados por esta decisión. El Gobierno español teme un impacto recaudatorio de entre 3.000 y 5.000 millones de euros, mientras que expertos como Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, argumentan que la simplificación burocrática podría hacer aflorar economía sumergida y apoyar al tejido productivo más vulnerable. Otros países como Alemania, Francia e Italia ya aplican esta exención, lo que pone a los autónomos españoles en desventaja competitiva. La situación podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si España no rectifica.
Seis meses después de que AENA expulsara a casi 500 personas sin hogar del aeropuerto de Barajas, un grupo de unas 30 personas ha encontrado refugio en la sala de espera de Urgencias Infantiles del Hospital La Paz. Los trabajadores del centro denunciaron la situación, que fue corroborada oficialmente por la Comunidad de Madrid. Según testimonios, Samur Social intentó reubicar a estas personas en centros de acogida municipales, pero ellos se negaron debido a los horarios establecidos. La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, afirmó que el Ayuntamiento desconocía la situación generalizada y se ofreció a colaborar con el hospital. Mientras tanto, el portavoz regional, Miguel Ángel García, criticó al Gobierno central por no resolver el problema y aseguró que la Consejería de Sanidad está tomando medidas para abordarlo. La situación pone de relieve la falta de coordinación entre las administraciones públicas para atender a las personas sin hogar.
La ministra Yolanda Díaz ha anunciado el Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral, que incluye multas de hasta 250.000 euros para empresas que incumplan las normas sobre becarios. La norma busca proteger a los jóvenes en prácticas, pero ha generado críticas por parte de empresarios y expertos, que la ven como un obstáculo para la contratación de becarios y un freno a la innovación. Díaz defiende que la medida fomentará la contratación indefinida de los becarios después de sus prácticas. Sin embargo, muchos dudan de que esta legislación sea efectiva en un contexto de creciente automatización y uso de la inteligencia artificial en el mercado laboral. La medida se produce en un momento en que la prensa económica internacional alerta sobre el impacto de la IA en el empleo de los jóvenes, especialmente en puestos de entrada.
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Julián Serrano