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Cruzar la frontera es, hoy día, una cuestión de presupuesto y de saber leer el clima. Mientras más de 70.000 personas colapsaban Ceuta en una marea humana que recordaba a las peores aglomeraciones de un concierto gratuito, un grupo selecto decidió que el paso fronterizo de El Tarajal era para los que no tienen presupuesto. Para estos 'VIP' de la irregularidad, la solución fue un banco de niebla y una tarifa premium: entre 4.000 y 6.000 euros por plaza, un sablazo que triplica el coste de una patera convencional, que ya de por sí es un atraco entre 1.000 y 3.000 euros. La ironía es que mientras las mafias despliegan motos de agua de 70 nudos —máquinas que vuelan sobre el agua—, la Guardia Civil intenta perseguirlas con una lancha S-40 que apenas alcanza los 29 nudos. Es como intentar atrapar un Ferrari con un carrito de helados. Para rematar la jugada, la lancha HS-60 ha pasado el último mes en el taller; la arreglaron el 16 de julio para el día del Carmen, pero el artefacto decidió morirle a los agentes veinticuatro horas después. Una gestión del material que roza la comedia. Al menos una veintena de personas aterrizó en puntos como el Faro de Punta Carnero, la ensenada de Getares o la playa de Levante en La Línea de la Concepción. El domingo pasado se detectó la jugada, y aunque la Policía Nacional detuvo a cuatro personas el lunes en Cala Secreta, el sistema sigue siendo un colador. Lo más preocupante es el efecto dominó: al mandar a todo el mundo a vigilar la crisis migratoria, el narcotráfico ha encontrado la puerta abierta. Según el Informe Anual 2026 de CEAR, el Estrecho solo representó el 1% de las llegadas en 2025 (347 personas), pero cuando la niebla cubre el mar y las lanchas fallan, ese porcentaje es el espacio perfecto para que el crimen organizado haga sus cuentas.
Hablemos claro: el Gobierno ha descubierto que el truco para inflar las cifras de empleo no es crear puestos de trabajo, sino simplemente admitir que la gente ya estaba allí trabajando en la sombra. Es como si en tu casa ignoras que el perro se come los zapatos hasta que decides 'regularizar' su dieta y, de repente, el gasto en calzado sube en el balance mensual. Magia contable pura. Entre enero y julio de 2026, España presume de 663.652 nuevos puestos de trabajo. Suena a gloria, pero el 39,5% de ese éxito —unos 262.475 afiliados— es fruto de la regularización extraordinaria que terminó el 30 de junio. Básicamente, hemos pasado de mirar hacia otro lado a ponerle un sello oficial al currículum de quien ya llevaba años sudando la camiseta sin papeles. El impacto es tan brutal que en julio la afiliación de extranjeros creció en 66.046 personas, compensando la sangría de afiliados españoles y catapultando el total de cotizantes extranjeros a un récord histórico de 3.512.223. La ministra Elma Saiz dice que es 'fundamental', y claro, es que los números bailan a su favor. BBVA Research ya lo había olfateado: había un agujero de 428.045 personas que la EPA veía trabajando pero que la Seguridad Social ignoraba. Ahora, ese 'empleo invisible' ha salido a la luz. Eso sí, la letra pequeña es la de siempre: 15.000 de estos nuevos legalizados han aterrizado directamente en las listas del paro en julio. Es el ciclo eterno: te damos el papel para que seas legal y, acto seguido, te damos la bienvenida al SEPE. Una ingeniería financiera donde el éxito se mide en expedientes tramitados (el 70% ya están listos) y no en salarios dignos.
El Gobierno ha decidido jugar al Tetris con las estadísticas y el resultado es un cuadro para llorar. Julio nos ha regalado el peor dato de paro en 18 años, una cifra que debería hacer saltar todas las alarmas si no fuera porque el Ministerio de Trabajo ha encontrado el chivo expiatorio perfecto: los recién regularizados. De las 19.517 nuevas altas en el paro, 15.000 son extranjeros que acaban de obtener sus papeles. Es decir, el 77% del problema tiene nombre y apellido administrativo. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, lo define con una elegancia casi poética como un "tránsito técnico". Traducido al lenguaje de la calle: es como si te compraras un coche usado que no arranca y el vendedor te convenciera de que el humo negro es solo un "preludio estético" antes de que el motor funcione. Nos venden que pasar por el paro es un trámite burocrático, un paso previo a encontrar empleo, mientras ignoran que el mercado laboral español tiene la elasticidad de una goma podrida. Lo más delirante es el contraste. Mientras la Seguridad Social presume de un máximo histórico de 22,5 millones de afiliados gracias a que sumaron 41.727 cotizantes en julio, la letra pequeña es demoledora. El empleo extranjero creció en 66.046 personas, lo que significa que, mientras los recién llegados sostienen el chiringuito, el empleo español se encogió en 24.300 puestos. Básicamente, estamos sustituyendo mano de obra nacional por extranjera mientras la Inspección de Trabajo presume de haber detectado 11.000 contratos 'en b' en lo que va de año. Una ingeniería financiera social donde el éxito se mide en papeles entregados y el fracaso se maquilla llamándolo "tránsito administrativo".
Hay que tener un despliegue de optimismo —o de descaro— digno de un premio Oscar para intentar salvar la gestión de ocho años con una sartén. Iago Negueruela, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Palma, ha decidido que la mejor forma de combatir el calentamiento global es convertir el Parc de Sa Riera en un restaurante de menú del día. Con la solemnidad de quien descubre la penicilina, Negueruela rompió un huevo sobre un tobogán para demostrar que, efectivamente, el sol calienta. El espectáculo es fascinante. Mientras el político lanza la perla de que «en la sombra hace menos calor que en el sol» —una revelación científica que probablemente dejaría boquiabiertos a los físicos de la NASA—, presume de que el tobogán alcanzó los 66 grados y los columpios superaron los 50. El contraste es tan grueso que se puede cortar con cuchillo: el candidato se lamenta de la falta de árboles en un parque donde su propio partido gobernó entre 2015 y 2023. Básicamente, Negueruela se queja de que no hay sombra en el jardín que él mismo dejó sin regar durante casi una década. Para rematar la jugada, el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP) decidió que el culpable era el alcalde del PP, Jaime Martínez, acusándolo de preferir las obras para turistas y pactar con Vox. Es la clásica ingeniería política: cuando no encuentras la solución al problema, buscas un culpable y, si no hay presupuesto para plantar robles, siempre puedes comprar una docena de huevos en el supermercado y grabar un TikTok. El plan 'ambicioso' para dar sombra a la ciudad ahora llega justo a tiempo, probablemente porque el tobogán ya no solo quema, sino que cocina.
Hay quien dice que el dinero público es como el aire: invisible hasta que alguien te lo quita. En la Diputación de Badajoz, parece que el aire soplaba con un aroma particularmente caro. El Tribunal de Cuentas ha decidido dejar de mirar desde la barrera y se ha plantado en los pasillos de la administración provincial para hacerle un examen sorpresa a la contabilidad. El objetivo es claro: rastrear el rastro de los 340.572,36 euros que David Sánchez Pérez-Castejón cobró entre julio de 2017 y mayo de 2025. Para que nos entendamos, es una cifra que haría palidecer a cualquier familia intentando cerrar el mes con la inflación actual, pero que para el hermano del presidente del Gobierno fue el salario de una plaza que la Audiencia Provincial de Badajoz calificó, con una elegancia brutal, de «innecesaria y vacía de contenido». Pero el festín no terminó ahí. En el menú de la sospecha también aparece Luis María Carrero, ex asesor de Moncloa, quien se embolsó 86.988,76 euros entre enero de 2024 y junio de 2025. Sumando ambos, tenemos un agujero contable de 427.561,12 euros que ahora el organismo presidido por Enriqueta Chicano quiere recuperar. La jugada maestra llega de la mano de Iustitia Europa, que ha logrado que su denuncia supere el trámite inicial y llegue a la Sección de Enjuiciamiento, evitando que el tiempo borre las huellas de este «procedimiento de escaparate». Como si el sueldo por no hacer nada no fuera suficiente, la fiesta incluyó la producción de 'La Paz Perpetua' y el 'Proyecto Ópera Joven', donde se gastaron 128.080 euros para recaudar unos miserables 2.000. Básicamente, un negocio donde la pérdida es la norma y el beneficio es el prestigio. Mientras Miguel Ángel Gallardo se enfrenta a 18 años de inhabilitación, el Tribunal de Cuentas busca ahora que el dinero vuelva a las arcas públicas, porque resulta que trabajar para el Estado sin trabajar es un lujo que ya no se puede permitir.
Vender humo es gratis, y en el Ministerio de Inclusión parece que han montado una fábrica de niebla industrial. Nos cuentan que el proceso de regularización es un éxito rotundo, un regalo para la sociedad. Pero miremos la letra pequeña, esa que no se lee en las ruedas de prensa. De los 822.000 inmigrantes a los que el Ejecutivo les ha dado el 'pase VIP' para residir y trabajar, solo 262.475 se han afiliado a la Seguridad Social al 30 de julio. Traducido al idioma de la calle: el 68,1% se ha quedado en la puerta. Es como si organizaras una fiesta para 800 personas y solo aparecieran 260; el resto, un agujero contable de 559.525 personas que tienen el derecho en el papel pero no aportan ni un céntimo a la hucha común. Mientras Elma Saiz y Borja Suárez celebran que el volumen de afiliados es una señal «muy positiva», Joaquín Pérez Rey se lanza al vacío asegurando que «la mayoría» se está incorporando al sistema. Matemáticas básicas: un 31,9% de éxito no es una mayoría, es un suspenso fragrantísimo. El contraste es casi cómico. De esos pocos afiliados, la mayoría (213.883) están en el Régimen General, mientras que los autónomos son una anécdota de 12.675 personas. Lo más surrealista llega con el paro. En julio, el 77% de las nuevas altas en el SEPE (15.000 de 19.517 personas) son estos mismos regularizados. El Gobierno intenta hacer malabares con las cifras diciendo que no saben quién trabajaba antes, pero admiten que 8.268 llegaban ya sin empleo. Al final, nos venden un proceso «razonablemente normal» mientras medio millón de personas flotan en un limbo administrativo donde el derecho al trabajo es, para muchos, una promesa vacía de cotizaciones.
Hay una forma muy elegante de decir que el sistema ha colapsado: llamarlo 'normalidad'. Mientras el Gobierno se empeña en maquillar la realidad, el Instituto de Medicina Legal de Ceuta ha tenido que resucitar el antiguo Hospital Militar, cerrado desde 2018, para convertirlo en una morgue improvisada. No es un centro de salud, es un almacén de tragedias donde descansan 79 cuerpos rescatados del mar. De las 77 autopsias realizadas, solo dos personas tienen nombre y apellidos. El resto son fantasmas burocráticos. Aquí es donde entra la 'cortesía' diplomática. Marruecos, con la naturalidad de quien devuelve un paquete que no quiere en Amazon, solo se ha hecho cargo de 40 fallecidos. El resto queda en un limbo de huellas dactilares y ADN que la Guardia Civil intenta descifrar contrarreloj. Es el juego del hambre institucional: si no estás registrado en España, no existes para el sistema, y para Marruecos, simplemente no eres su problema. Mientras tanto, el ministro Fernando Grande-Marlaska lanza cifras al aire como quien tira confeti en un funeral. Habla de 72.000 inmigrantes que entraron, asegura que 70.000 ya se fueron y admite que quedan 2.000. Pero bajen a la playa del Trampolín y verán que la aritmética oficial no cuadra con la arena. El Gobierno de Ceuta estima que siguen allí entre 3.000 y 5.000 personas. El delegado Miguel Ángel Pérez Triano ya admite que la normalidad está 'lejos', aunque el Ejecutivo siga insistiendo en que todo está bajo control. Para rematar el cuadro, el CETI, diseñado para 512 personas, alberga a más de 1.000. Estamos intentando meter un elefante en una caja de zapatos mientras fingimos que el zapato es, en realidad, un palacio.
Hay una mística muy bonita en el sacrificio patrio, pero la mística no llena la panza. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se esmera en vender una postal de control y normalidad en Ceuta, la realidad en el terreno tiene sabor a mortadela barata y cansancio crónico. Los militares desplegados para frenar la crisis migratoria están viviendo una especie de experimento de supervivencia: jornadas maratonianas de 14 a 16 horas, con apenas dos horas de sueño entre turnos, que hacen que cualquier horario de oficina parezca un spa. Lo verdaderamente surrealista es la logística del Ministerio de Defensa. Para mantener a punto a cuerpos que son auténticos templos de resistencia, el menú consiste en un kit que envidiaría un niño de primaria en una excursión: un bocadillo de mortadela (que a veces muta a chorizo o salchichón), una lata de atún con un panecillo, una manzana y dos botellines de agua de 330 mililitros. Si el día es generoso, cambian la fruta por un yogur y cuatro galletas. Es, básicamente, alimentar a un ejército con el presupuesto de una merienda escolar. Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), ha soltado la verdad sin anestesia: no se puede pedir profesionalidad cuando el combustible es insuficiente. A esto sumemos que los soldados duermen hacinados en pasillos y habitaciones de cuarteles que no fueron diseñados para albergar a tanta gente, ya que la mayoría vive fuera con sus familias. Para rematar la jugada, en algunas unidades se ha prohibido el uso del móvil. Oficialmente será por seguridad, pero en la calle se sospecha que es para evitar que el mundo vea que la 'élite' de la defensa española está durmiendo en el suelo y cenando galletas mientras el relato oficial sigue brillando en Madrid.
Hay quienes ven la frontera como una sugerencia y el código penal como una lista de recomendaciones. Resulta fascinante que, mientras el ciudadano medio se juega el cuello para que no le suban la cuota del seguro, ciertos jóvenes marroquíes de unos 20 años decidieron que la prohibición de entrada en España era simplemente un desafío personal. Aprovechando el caos de la invasión del pasado jueves y viernes —donde 72.000 personas decidieron que Ceuta era el lugar ideal para un paseo masivo—, algunos 'viejos conocidos' con antecedentes graves y órdenes de expulsión decidieron volver para saludar. La ironía es deliciosa: algunos fueron interceptados en el puerto intentando pillar un barco hacia la península, como quien busca un vuelo low-cost, solo para descubrir que su billete de vuelta era directo al centro penitenciario de Ceuta. Otros, más impulsivos, prefirieron el camino del cuchillo, como el sujeto que apuñaló a otro compatriota el jueves noche tras una discusión. Lo más surrealista es el vacío administrativo. Mientras las calles de Ceuta eran un campo de batalla con asedios a supermercados y tentativas de okupación, la cárcel registró apenas siete ingresos. El sindicato TAMPM está perplejo; esperaban una avalancha y se encontraron con un desierto. ¿La razón? Una orden gubernamental tan optimista que rozaba la fantasía: «garantizad vuestra integridad, dejaos ver, pero sin intervenir». Básicamente, pidieron a los policías que hicieran de mobiliario urbano mientras el Gobierno de Pedro Sánchez vendía un control que solo existía en sus notas de prensa. Sin protocolos, sin refuerzos y con el silencio sepulcral de Instituciones Penitenciarias, Ceuta espera ahora al 15 de agosto, fecha en la que las redes sociales sugieren que la fiesta de la ilegalidad tendrá una segunda parte.
Hay quienes confunden el Parlamento con un pase VIP para la vida, y luego está Isaac Padrós. El diputado de Junts decidió que el 29 de julio era el día perfecto para librar una guerra de guerrillas lingüística en la comisaría de La Junquera, Gerona. El detonante: un agente de la Policía Nacional que, en un alarde de honestidad brutal, confesó que no hablaba catalán. Padrós, fiel a su dogma, se negó a cambiar al castellano y exigió un traductor, como si estuviera en una cumbre de la ONU y no renovando el DNI de una de sus hijas. La cosa se puso color de hormiga cuando llegó el momento de pasar por caja. Padrós, al mando de una familia numerosa, se indignó al descubrir que el trámite no era gratis. El agente le señaló un cartel informativo —detalle irónico considerando que el diputado es invidente— que indicaba que la exención debía avisarse previamente. El resultado fue un despliegue de dramatismo digno de ópera: la familia fue escoltada a un área discreta para no montar un circo público, donde Padrós se sintió intimidado por siete u ocho agentes. El clímax llegó con el choque de egos: el diputado intentó usar su acreditación parlamentaria como si fuera un escudo mágico, pero el policía le recordó que el carnet de diputado no sirve para acreditar la identidad ante la ley. Tras un forcejeo por la cartera y el pago final de la tasa para no perder el viaje, Padrós llamó a los Mossos d'Esquadra para dejar constancia de sus 'derechos vulnerados'. El giro final es delicioso: los Mossos llegaron solo para comunicarle que el agente nacional lo había denunciado por desobediencia. Padrós, lejos de recapacitar, ha respondido con una lluvia de denuncias en la Fiscalía de Gerona por coacciones, falsedad y vejaciones. Todo por un trámite que cualquier ciudadano resuelve con diez minutos de paciencia y un cambio de chip idiomático.
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Rosa Muñoz