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En el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), la gestión sanitaria ha pasado de ser un servicio público a un deporte de riesgo. Mientras los despachos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) probablemente disfrutan de un aire acondicionado impecable, los médicos de Urgencias están operando en modo supervivencia. No es una queja más de pasillo; es un ultimátum con sello de Fiscalía. El Sindicato Médico de Ceuta (SMC), respaldado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), ha soltado la bomba: los facultativos atienden el doble de pacientes diarios de lo habitual. Es como intentar meter el contenido de un camión de mudanzas en un maletero de un utilitario; tarde o temprano, algo revienta. El colapso lleva dos meses cocinándose a fuego lento. La Administración, en un despliegue de creatividad nula, ha ignorado propuestas básicas como un hospital de campaña o un refuerzo real de personal. A esto se le suma la 'avalancha' del 30 de julio en la frontera, que ha dejado un rastro de barreras idiomáticas y expedientes médicos inexistentes. Los médicos están haciendo malabares con la falta de traductores y el desconocimiento vacunal, sabiendo que cualquier desliz no se pagará en el presupuesto del INGESA, sino en el juzgado, con responsabilidades penales y civiles que el gerente del Área Sanitaria parece haber olvidado en su agenda. Invocando el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Código de Deontología Médica, los profesionales denuncian que se les obliga a trabajar bajo una presión que ya no es 'estresante', sino insostenible. El paciente, que debería ser el centro del sistema, es aquí el daño colateral de una ingeniería organizativa fallida. Cuando la ética médica choca con la inoperancia administrativa, el resultado es un servicio de urgencias que parece más una zona de guerra que un centro de salud.
Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático para sacar veinte euros, en la frontera de Ceuta se ha jugado una partida de póker con la seguridad nacional donde el Estado ha ido haciendo 'blind' sin darse cuenta. El último informe de José María Gil Garre no es una lectura ligera para el domingo; es un jarro de agua fría. Resulta que, aprovechando el caos de la avalancha del 30 y 31 de julio, al menos 12 yihadistas decidieron que era un momento estupendo para colarse en la ciudad. No fue una migración desesperada, sino una infiltración oportunista. De esos doce, cuatro fueron expulsados, incluyendo a los hermanos Chakir y Chakib Achatoui, que ya conocían el camino de vuelta desde 2018. Pero aquí viene el verdadero sablazo: hay dos células activas y una de ellas tiene órdenes de ejecutar una acción de 'inghimasi'. Para los que no hablamos yihadí, esto significa infiltrarse entre la gente como quien va a comprar el pan para luego detonar un ataque de alta letalidad. El objetivo no es cualquier escaparate, sino los soldados españoles, a quienes han deshumanizado mediante campañas de odio en TikTok e Instagram hasta convertirlos en el 'ejército de ocupación'. La hipocresía es deliciosa: Rabat colabora en la caza del terrorista mientras permite que Castillejos sea un 'hub' de reclutamiento donde, entre 2014 y 2015, salieron más de 1.600 combatientes hacia Siria e Irak. Personajes como Mohamed Hamduch, el 'Kokito de Castillejos', son la prueba de que el ecosistema está vivo. Mientras tanto, nuestros militares operan con dotaciones insuficientes y reglas ambiguas, exponiéndose a emboscadas como la del 27 de agosto en Benzú, que dejó cuatro heridos. Básicamente, hemos dejado la puerta abierta y el perro dormido mientras el lobo ya tiene el mapa de la casa.
Imaginen que están en una celda de la prisión de Estremera, con el tiempo pasando lento y la soga de la extradición a EE. UU. apretando el cuello. Ahí está Hugo Armando Carvajal, alias 'El Pollo', el hombre que sabía dónde estaban enterrados todos los secretos del régimen de Chávez. En lugar de rezar el rosario, el exjefe de la DIM (2004-2011) y la DGCIM (2013-2014) decidió jugar al 'Mercado de Pulgas' de la inteligencia, redactando una carta manuscrita para comprar pruebas sobre el caso Morodo. No era filantropía; era una transacción de supervivencia. 'El Pollo' buscaba moneda de cambio para evitar que la DEA lo mandara a una cárcel yanqui por narcoterrorismo y vínculos con el Cártel de los Soles y las FARC. Básicamente, intentó usar la información sobre José Luis Rodríguez Zapatero como un 'vale de descuento' para conseguir el asilo político en España. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, Carvajal negociaba la compra de documentos sensibles para darle cuerpo a sus declaraciones ante la Audiencia Nacional. La ironía es deliciosa: el tipo entró a España en 2019 con un pasaporte falso a nombre de Adolfo José Mouriño Olsen (cortesía del CNI), fue cazado en 2021 y terminó siendo extraditado el 19 de julio de 2023, justo cuatro días antes de las elecciones generales. Se llevó los papeles comprados en la maleta hacia Estados Unidos, dejando a los jueces españoles con las ganas. Al final, la trama cerró el círculo con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra tras los datos de Rodolfo Reyes Rojas enviados por la HSI el 18 de marzo de 2026. Un tablero de ajedrez donde las piezas son espías, presidentes y maletines con papeles.
En el tablero del Ministerio del Interior, las piezas se mueven con una lógica que solo entienden quienes no tienen que patrullar la calle. Mientras la plantilla de la Policía en Ceuta sobrevive a base de café y horas extra, soportando una presión que haría temblar a cualquiera, Fernando Grande-Marlaska ha decidido aplicar la técnica del 'premio al círculo íntimo'. El detalle es exquisito: la pareja de Pedro Ferrer, el número dos de la Policía en Ceuta, ha sido catapultada al Consulado de España en Sao Paulo. Para el agente de a pie, que ve cómo su descanso es un mito urbano, este traslado a Brasil no es una gestión de recursos humanos, sino un billete dorado con una retribución económica que deja en ridículo cualquier incentivo salarial real. Pero el surrealismo no termina en el Atlántico. En Ceuta, el mando operativo ahora recae en Francisco López Gordo, un comisario general con un currículum peculiar: es el hombre que canceló un partido de la Selección sub-20 contra México el 30 de septiembre porque, según sus informes, no podía garantizar la seguridad en un estadio de 6.000 personas. Es la paradoja perfecta: el hombre que no puede controlar un campo de fútbol es el elegido para gestionar una ciudad con más de 20.000 ilegales y un caos operativo donde 70 policías tuvieron que contener a 4.000 personas el pasado 18 de septiembre, terminando con gente haciendo sus necesidades en las escolleras del puerto por falta de aseos. Mientras el SUP, con Ana María Alarcón a la cabeza, pide transparencia, la realidad es que los refuerzos llegan para blindar la caravana de Pedro Sánchez y no para cerrar la frontera. En Ceuta, la seguridad nacional parece manejarse como una lista de la compra mal redactada: se quita personal donde falta y se pone mandos que no saben coordinar dos equipos, todo mientras el presupuesto se escapa en 'premios' diplomáticos.
Hay quien viaja para descubrir el mundo y quien, como Julio Martínez, alias 'Julito', viaja para hacer un vaciado de maletas express. El guion es digno de una película de serie B: entre diez y quince vuelos relámpago a Venezuela, siempre con el mismo kit de Samsonite negro. El patrón es tan absurdo que asusta: salía con las maletas a reventar y volvía vacío, sin siquiera tiempo de cambiarse la corbata o dormir una siesta en Caracas. Menos de 24 horas por viaje. Un servicio de mensajería humana que, según la Fiscalía Anticorrupción, no transportaba recuerdos, sino fajos de billetes que luego aterrizaban en cuentas extranjeras. Para el ciudadano medio, ahorrar 10.000 euros requiere una disciplina monacal; para Julito, esa cifra era el contenido de un sobre con anotaciones en chino. En diciembre de 2025, la Policía Nacional convirtió su casa en Madrid en un juego de 'busca el tesoro' financiero. Hallaron 286.070 euros escondidos en lugares donde uno normalmente guarda el detergente o el equipo de golf: 50.000 euros en un radiador (para mantener el dinero calentito, supongo), 74.900 euros en el baño y hasta 5.270 euros en un neceser. Una ingeniería financiera de nivel 'colchón'. Lo más jugoso es el timing. Mientras Plus Ultra absorbía 53 millones de euros en ayudas públicas a través del FASEE y la SEPI entre marzo y agosto de 2021, los vuelos de Julito se intensificaban en 2022. ¿La magia para saltarse el modelo S-1 de Hacienda? Un presunto 'pase VIP' facilitado por el comisario Jesús María Gómez Martín, jefe de Barajas. Y mientras tanto, José Luis Rodríguez Zapatero intenta explicar que sus joyas de 1,3 millones de euros fueron un detalle afectuoso del rey Abdalá de Arabia Saudí. Todo muy natural, como quien recibe un paquete de galletas, mientras sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, esperan su turno para explicar el papel de What the Fav SL en este puzzle de blanqueo.
Hay una aritmética del cariño muy curiosa en el Pazo de Raxoi. En el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, el espacio en la fachada no se mide en metros cuadrados, sino en ideología. Mientras que la bandera de Palestina disfruta de un palco VIP en el centro del edificio desde hace más de un año, la de Ceuta ha tenido que conformarse con el rincón más oscuro de la fachada, como quien esconde una bolsa de basura el día que no pasa el camión. La historia es un manual de instrucciones sobre la hipocresía institucional. Primero, un edil del PP intentó colgar la bandera ceutí durante una concentración en la plaza del Obradoiro contra la invasión marroquí, pero la alcaldesa nacionalista, Goretti Sanmartín, le aplicó un 'borrado rápido': la bandera duró exactamente treinta minutos. Media hora de visibilidad. Menos de lo que tarda uno en hacer la cola del súper un sábado por la mañana. Para evitar el desplante, el PP llevó la propuesta al Pleno. Los once diputados populares lograron que se aprobara, pero el PSOE y el BNG votaron en contra. Sí, han votado en contra de reconocer a Ceuta mientras mantienen el apoyo ferviente a Palestina bajo el pretexto de una 'comisión para visibilizar la situación terrible' del pueblo palestino. Es una gestión del espacio público muy creativa: para unos, un acuerdo del pleno y el centro de la escena; para otros, una votación obligada y el exilio a una esquina. Al final, el Pazo de Raxoi no es un consistorio, es un tablero de ajedrez donde el PSOE decide qué tragedias merecen el centro del escenario y cuáles pueden ir relegadas al margen, como una nota al pie de página que nadie quiere leer.
España ha abierto el grifo de la ciudadanía y la marea es imparable. Mientras el ciudadano medio lucha contra la burocracia para renovar un carné de conducir sin que le pidan el árbol genealógico completo, la 'ley de nietos' —oficialmente la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática— está funcionando como una autopista sin peajes. Hasta el 31 de agosto, el Gobierno ya ha dado el visto bueno a 600.684 solicitudes. Sí, seiscientos mil aprobados. Para que nos entendamos: es como si hubieran llenado el Santiago Bernabéu siete veces y media con nuevos compatriotas que, hasta ayer, solo tenían el pasaporte español en los recuerdos de un abuelo. La maquinaria no descansa. De esos aprobados, 369.017 ya están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), lo que significa que el tablero electoral se está moviendo mientras nosotros seguimos discutiendo por el precio del aceite. Pero el dato que realmente marea es la cola de espera: 1.317.108 solicitudes presenciales en consulados. Más de un millón de personas haciendo cola para entrar en el club. Desde el Ejecutivo, con una tranquilidad envidiable, aseguran que todo está bajo control y que la red consular se ha reforzado para que el sistema no colapse. Y sobre el ruido que hace Vox alertando sobre posibles trampas, la respuesta es un bostezo institucional: no hay fraudes. La Sección de Investigación de Fraude Documental no ha encontrado ni un solo papel mal puesto. Básicamente, nos dicen que el proceso es tan limpio que el único riesgo es que el Registro Civil se quede sin tinta. Una gestión impecable, dicen, mientras el CERA se infla como un globo en plena temporada de viento.
En el tablero del Gobierno de Pedro Sánchez, el concepto de 'mérito' parece haberse trasladado a una dimensión paralela donde la audacia para pedir favores es la competencia principal. El último movimiento es una joya del surrealismo administrativo: David de la Encina aterriza como delegado del Gobierno en Ceuta. No es un nombramiento cualquiera; es el rescate de un cuadro histórico que sabe navegar las aguas turbias del PSOE andaluz con la soltura de un delfín. Para quienes no recuerden el 'estilo' de De la Encina, retrocedamos a octubre de 2014. Mientras el ciudadano medio se rompe la espalda para que no le descuenten un euro en la nómina, el entonces coordinador de Diseño y Estrategias en Andalucía Emprende le lanzó un correo a Vanessa Bernad, la gerente de la entidad, con una propuesta tan descarada que roza el arte. El plan era sencillo: quería cobrar sus 47.933,56 euros anuales —un sueldo público que para muchos es el sueño de una vida— pero sin la molesta obligación de pisar la oficina. ¿El motivo? Que liderar la campaña para la alcaldía de El Puerto de Santa María requería 'presencia permanente en la calle', y claro, no podía permitirse el lujo de renunciar a su cheque mensual mientras hacía política. Lo más tierno es que no actuaba solo. Tenía el visto bueno de sus padrinos, Manuel Jiménez Barrios e Irene García, quienes debían hacer la vista gorda mientras sus compañeros de trabajo absorbían sus tareas. Cuando el escándalo estalló en 2019 y la corporación municipal pidió su dimisión, De la Encina aplicó la técnica del 'estaba ingenuo'. No era un defraudador, decía, sino alguien que simplemente no esperaba que alguien rebuscara en su correo. Ahora, tras salir por la puerta de atrás en 2023, Moncloa lo premia enviándolo a Ceuta, sustituyendo a Miguel Ángel Pérez Triano, quien se fue acorralado por el caos de la frontera y el ruido judicial de la Audiencia Nacional. El mensaje es claro: si sabes pedir el sueldo sin trabajar, siempre habrá un despacho con vistas al mar esperándote.
La Puerta del Sol ha vuelto a convertirse en el tablero de un juego de sillas musicales donde nadie quiere sentarse, pero todos quieren mandar. El Sindicato de Inquilinos plantó su bandera el 26 de septiembre para exigir el 'decreto Maricarmen', y desde entonces, el centro de Madrid parece una partida de ping-pong institucional. Manos Limpias, que no deja pasar ni una mosca, ha decidido que el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, ha estado demasiado tiempo mirando las nubes y ha presentado este lunes una denuncia por prevaricación administrativa por omisión. Para Miguel Bernad, secretario general del sindicato, la cosa es sencilla: hay una acampada 'lisa y literalmente ilegal' frente a la sede de la Comunidad de Madrid y el delegado ha decidido aplicar la técnica del avestruz. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la lista de la compra, aquí se pelea por el artículo 404 del Código Penal, alegando que no actuar es, en realidad, una decisión consciente de dejar que el caos reine en el turismo y el comercio. Lo más jugoso es el espectáculo de hipocresía administrativa. El Ayuntamiento, que normalmente se lleva bien con el Gobierno, ha soltado un zarpazo acusando a la Delegación de 'dejación de funciones', recordándoles con ironía que en el 15M de 2011 no fueron tan tímidos con los desalojos. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha saltado a la yugular del Ministerio del Interior y de Pedro Sánchez, acusándolos de 'lavarse las manos' y querer pasarle el muerto a la Policía Municipal. Al final, entre el decreto, las denuncias y los reproches, la acampada sigue ahí, como un recordatorio de que en política, cuando todos son responsables, nadie lo es.
Imaginen que alguien decide mudarse a su barrio, pero no porque le guste la zona o tenga familia allí, sino porque simplemente 'le apetece' figurar en su padrón para votar. Sin papeles, sin arraigo y sin que nadie le pida una explicación coherente. Pues bien, eso es básicamente lo que está pasando con la ley de nietos, donde el censo electoral parece haberse convertido en un buffet libre de municipios a elegir. El pasado 25 de septiembre, la Oficina del Censo Electoral (OCE) lanzó una instrucción para las Oficinas Consulares que, sobre el papel, debía poner orden. Sin embargo, cuatro miembros de la Junta Electoral Central (JEC) —Carlos Vidal Prado, Fernando Marín Castán, Javier Tajadura Tejada y Vicente Magro Servet— han soltado un voto particular que es, en lenguaje llano, un grito de auxilio. Denuncian un 'desconcierto' absoluto: hay alcaldes que se despiertan un día y descubren que su pueblo ha crecido más que una startup de Silicon Valley, con ciudadanos inscritos que jamás han pisado la zona y que, en algunos casos, pertenecen a municipios que ni siquiera existían cuando sus antepasados fueron exiliados. La ingeniería es sencilla: el interesado elige dónde quiere votar y el consulado se limita a comprobar que el nombre esté bien escrito, como quien revisa que el ticket del súper no tenga manchas. No hay control, no hay justificación, solo burocracia formal. El dato que dinamita la credibilidad del proceso es Madrid: más de una cuarta parte de los nuevos electores del CERA en cuatro años han decidido que su 'mayor arraigo' está en la capital. Es decir, que Madrid es la nueva meca electoral para quienes no tienen un vínculo real con el territorio. Los cuatro magistrados exigen revisar lo hecho para que la limpieza del sistema no sea un cuento chino, mientras la OCE sigue entregando respuestas insuficientes desde julio.
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Joan Ramos