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La huelga ferroviaria en España ha llegado a su fin después de solo un día de paros gracias a un acuerdo 'histórico' alcanzado entre los sindicatos y el Ministerio de Transportes. El pacto incluye un aumento significativo en la inversión en mantenimiento e infraestructuras, así como la contratación de más personal. El acuerdo contempla un incremento del 38% en el gasto anual de mantenimiento en la red convencional y hasta un 44% en la de alta velocidad, con una inversión total que superará los 800 millones de euros anuales. Además, se han pactado 1.200 nuevas contrataciones para Renfe y 2.400 plazas adicionales para Adif hasta 2030. Sin embargo, la noticia también ha destacado una situación controvertida: decenas de trabajadores de Renfe que se dedican a auscultar las vías llevan dos años cobrando 2.500 euros al mes sin trabajar. El acuerdo ha sido celebrado por los sindicatos y el Ministerio de Transportes, pero también ha generado críticas debido a la falta de presupuestos generales del Estado y la viabilidad de las promesas de inversión.
Un informe reciente de la Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU) revela que el 92% del PIB mundial ha logrado desacoplar su crecimiento económico de las emisiones de CO₂ entre 2015 y 2023. Este desacoplamiento, tanto absoluto como relativo, desafía la narrativa climática dominante que aboga por el decrecimiento económico como única vía para reducir las emisiones. El estudio, que analizó a 113 países que representan más del 97% del PIB mundial y el 93% de las emisiones globales, muestra un aumento significativo en el número de economías que han logrado reducir sus emisiones mientras crecen. De hecho, el porcentaje del PIB mundial generado por economías con desacoplamiento absoluto pasó del 38% antes de 2015 al 46% en el periodo estudiado. Este cambio se observa principalmente en economías avanzadas, incluyendo la mayoría de los países de la Unión Europea y Estados Unidos, así como en algunas economías de América Latina. La innovación tecnológica, la mejora de la eficiencia y el despliegue de energías limpias son señalados como los principales factores detrás de este fenómeno, lo que sugiere que políticas climáticas centradas en la innovación y la eficiencia energética pueden ser más efectivas y menos costosas que las actuales políticas de decrecimiento.
Acciona y Moeve avanzan en sus proyectos de hidrógeno verde en Marruecos tras firmar acuerdos preliminares con el Gobierno marroquí para asegurar terrenos específicos. Moeve, junto con Taqa Morocco, desarrollará un proyecto de producción de amoníaco verde en el Puerto de Jorf Lasfar, cerca de Casablanca, aprovechando la energía renovable suministrada por Taqa. Por su parte, Acciona, a través del consorcio ORNX junto con Nordex y Ortus, implementará un proyecto de producción de amoníaco renovable en El Aaiún, con una inversión estimada de 4.500 millones de dólares. Ambos proyectos se enmarcan en la 'Offre Maroc', iniciativa del Gobierno marroquí para convertir al país en un hub de hidrógeno verde, con planes de invertir hasta 29.500 millones de euros en el desarrollo de proyectos de hidrógeno. Las autoridades marroquíes han preseleccionado seis propuestas de un total de 50 presentadas por empresas de 17 países, incluyendo las dos iniciativas españolas.
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los problemas más graves para la sociedad española, afectando a casi el 40% de la población. Gonzalo Bernardos, economista y profesor, ofrece un diagnóstico contundente en un podcast de '20 minutos', afirmando que el Gobierno basa su estrategia en el relato y no en los hechos, aplicando medidas que siempre han fracasado. Bernardos critica que el Ejecutivo prioriza el rédito político sobre la efectividad de sus acciones y propone un plan basado en aumentar la oferta de viviendas. Según él, más del 40% del precio de una vivienda son impuestos y tasas de la administración, lo que encarece el mercado. Para solucionarlo, sugiere beneficiar a los promotores con avales públicos para la compra de suelo a cambio de precios más bajos, que la administración regale suelo a los promotores a cambio de viviendas a precios más accesibles, y agilizar los procesos de urbanización y construcción. También denuncia que la administración pública es la que más especula en España debido a la elevada carga fiscal.
La agricultura europea se encuentra en una encrucijada debido a los acuerdos comerciales de la Unión Europea (UE) con terceros países, especialmente Marruecos. Los agricultores denuncian competencia desleal y explotación laboral. En España, la producción de tomate ha caído un 25% en la última década, mientras que las importaciones de tomate marroquí han aumentado un 269%. La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) ha presentado un manifiesto en la feria Fruit Logistica 2026, exigiendo justicia y reciprocidad en los acuerdos comerciales. Los productores españoles destacan que el salario mínimo en Marruecos es diez veces inferior al de España, y que se utilizan sustancias prohibidas en la UE, como el bromuro de metilo. Fepex solicita un etiquetado claro del país de origen, cláusulas de salvaguardia automáticas y el cumplimiento estricto de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre el Sáhara Occidental.
Canadá ha logrado revertir el encarecimiento de la vivienda gracias a una combinación de políticas innovadoras y un fuerte impulso a la construcción. En 2022, los precios subían un 18,5% anual, pero en 2025 la caída alcanzó el 3,7%. El gobierno canadiense retiró impuestos y simplificó la burocracia para fomentar la construcción de nuevas viviendas. El Housing Accelerator Fund incentivó a municipios y provincias a agilizar permisos y eliminar barreras regulatorias, mientras que la iniciativa Public Lands for Homes liberó tierras públicas para desarrolladores privados. Ontario y Columbia Británica implementaron leyes para acelerar la aprobación de proyectos urbanísticos. Además, se eliminó el IVA para nuevas viviendas de alquiler y se mejoraron las reglas de amortización para promotores.
Una empleada de Renfe destinada en la estación de Santa Justa (Sevilla) ha sido despedida por apropiarse de indemnizaciones por retrasos en el AVE que no habían sido reclamadas por los pasajeros. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado el despido como procedente tras una sentencia fechada el 17 de diciembre. La trabajadora utilizó las contraseñas de un compañero para acceder a las cuentas de Renfe y retirar cerca de 2.000 euros correspondientes a indemnizaciones no reclamadas. El fraude se descubrió cuando un pasajero reclamó su indemnización y Renfe comprobó que ya había sido abonada. Tras la investigación, el padre de la empleada confesó los hechos y devolvió el dinero. La trabajadora alegó endeudamiento y compras compulsivas, pero el TSJA rechazó este argumento, destacando que el método empleado requería 'magníficas dotes de organización' y evidenciaba premeditación. El tribunal consideró 'irracional' argumentar que no hubo perjuicio por tratarse de fondos no reclamados.
En un giro inesperado, la empresa canadiense Colliers ha adquirido Ayesa Ingeniería, la compañía responsable de inspeccionar las vías del tramo Adamuz (Córdoba) donde un accidente ferroviario reciente se cobró 46 vidas. La venta, valorada en unos 600 millones de euros, se produce en plena investigación sobre el siniestro. Ayesa había sido contratada por el Ministerio de Transportes para revisar las soldaduras de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, precisamente en el tramo donde ocurrió el descarrilamiento. La CIAF apunta a una soldadura defectuosa como posible causa del accidente. La operación de compraventa no será efectiva hasta el segundo semestre de este año, momento en el que Colliers tomará el control total de Ayesa. Los actuales propietarios, A&M Capital Europe y la familia Manzanares, dejarán de controlar la empresa que ha estado en el ojo del huracán por su papel en la inspección de las vías. La venta ha generado controversia en el sector debido a su sincronía con la investigación en curso.
El gasto en prestaciones por desempleo en España ha experimentado un crecimiento del 39,8% en los últimos ocho años, alcanzando los 24.421 millones de euros en 2025, la cifra más alta desde la pandemia. Este aumento se debe en parte a los cambios introducidos por el Gobierno de Pedro Sánchez en las prestaciones, así como a factores como el mayor peso del desempleo entre mayores de 45 años y el incremento de los despidos tras la reforma laboral. La prestación contributiva ha aumentado un 24% desde 2018, pasando de 824 euros a 1.004 euros en 2025. Además, la tasa de cobertura de las prestaciones ha escalado al 78,2% en 2025, con algunas provincias registrando más personas cobrando el paro que parados con derecho a hacerlo. El Gobierno ha lanzado reformas para mejorar la eficacia de los subsidios, pero no parece tener intención de revertir el creciente coste de las prestaciones.
La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona está en crisis. Trenes retrasados, precios de vuelos disparados y empresas afectadas por la falta de mercancías. Todo comenzó tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el 18 de enero, que dejó 45 fallecidos y desencadenó una revisión exhaustiva de las vías. Los maquinistas han estado reportando vibraciones y problemas de seguridad, lo que ha llevado a Adif a imponer restricciones de velocidad temporales. La situación ha colapsado tanto el transporte ferroviario como aéreo, con un aumento del 130% en la demanda de BlaBlaCar y precios de vuelos que han llegado a 300 euros antes de que Iberia limitara su Puente Aéreo a 99 euros por trayecto. Empresas como Inovyn en Martorell han tenido que parar producción debido a la falta de materias primas, evidenciando el impacto económico de esta crisis.
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Alberto Martínez