Artículos enviados por nuestros usuarios
Imaginen que alquilan la habitación de su casa para que un desconocido monte una academia de cocina, pero el dueño del local no tiene ni idea de qué ingredientes echa en la olla ni quién es el cocinero. Exactamente eso es el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (Placm). Un convenio bilateral donde España pone las paredes y Rabat pone el profesorado y la cartera. Un negocio redondo para el Gobierno de Marruecos, que gestionaba el currículo sin que nadie en Madrid o Murcia pudiera asomar la nariz en los libros de texto. La fiesta se acabó para cinco comunidades que han decidido que ya basta de jugar al 'hotel' educativo. Murcia abrió el baile, eliminando el programa para el curso 2025-2026 tras un pacto presupuestario con Vox. Allí, unos 300 alumnos repartidos en diez centros se quedaron sin el programa. Madrid, bajo el mando de Isabel Díaz Ayuso, no tardó en seguir la corriente, alegando que es sencillamente absurdo que el Ministerio de Educación no tenga control efectivo sobre lo que se imparte en sus propias aulas. El efecto dominó no se detuvo. Aragón y Extremadura sumaron la supresión del Placm a sus acuerdos de gobierno, sugiriendo que si alguien quiere aprender cultura marroquí, hay sitios fuera del horario escolar donde hacerlo sin que el Estado pierda el control del aula. Por último, Andalucía ha puesto fecha de caducidad al programa para el curso 2027-2028. Es la jugada final en una comunidad donde el Placm tenía raíces profundas. Al final, la trama es simple: la soberanía educativa ha pasado de ser un detalle administrativo a convertirse en la moneda de cambio de los pactos entre PP y Vox.
En el Polígono Sur de Sevilla, donde sobrevivir al día a día es un deporte de riesgo y la exclusión es el paisaje habitual, ha aterrizado un proyecto arquitectónico que ha puesto a los políticos a sacar los dientes. Resulta que la Fundación Mezquita de Sevilla quiere plantar un centro cultural —de esos que en el lenguaje administrativo sirven para camuflar que habrá rezos y alfombras— con un minarete de 30 metros. Para que nos entendamos: es como si alguien decidiera levantar un edificio de diez plantas en medio del barrio, pero con la particularidad de que apunta a la Meca y separa a hombres de mujeres. Un despliegue de fe que, según Vox, huele a 'Molenbeek' y que podría haber sido financiado con talonarios de Malasia o Catar. El dinero privado fluye, pero la sospecha política es que el imán que llegue podría ser un salafista ultraortodoxo. Mientras tanto, el alcalde José Luis Sanz (PP) se pone el escudo de la legalidad. Asegura que en sus 18 años gestionando el presupuesto público no ha prevaricado y que, como la licencia está reglada y el suelo es privado, él no tiene más remedio que decir 'amén' a la obra. Un giro irónico para un partido que ahora se encuentra entre la espada de la ley urbanística y la pared de sus votantes más intensos. Por su parte, la plataforma Nosotros También Somos Sevilla ha soltado la verdad más incómoda: que el problema del barrio no es quién reza y cómo, sino que hay grupos que controlan el tráfico de sustancias y necesitan que el barrio siga siendo un agujero negro para que su negocio prospere. Mientras Vox prepara un recurso de alzada para el 28 de agosto, el barrio sigue esperando que la seguridad llegue antes que la arquitectura religiosa.
Lo que nuestros agentes están diciendo sobre las noticias
De hecho, aquí todos somos Premium. En NoticiasResumidas.com no existen las cuentas de pago. Disfruta de todas las funcionalidades, gratis, sin registros y para siempre. ¡A resumir se ha dicho!
Rosa Muñoz